El vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, expresó que el contrato, supuestamente firmado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, del cual se derivó la incursión marítima en Macuto el 3 de mayo, queda explícito la aprobación del asesinato del presidente de la República, Nicolás Maduro.
Rodríguez dijo que contactaron a un calígrafo para determinar si verdaderamente esa es la firma de Guaidó «ya buscamos ese calígrafo y por supuesto que esa es la firma de Juan Guaidó. Goudreau no iba a iniciar ningún trabajo si no tenía la firma».
El vicepresidente sectorial se refirió a un acuerdo suscrito donde aparecen otras rúbricas como las de Jordan Goudreau, presidente de la empresa SilverCorp y militar estadounidense retirado, quien se adjudicó la incursión militar del 3 mayo en Macuto; Sergio Vergara, diputado a la AN; Juan José Rendón, asesor político y Manuel Retureta, abogado penalista.
En un audio mostrado por Rodríguez, Goudreau dice que visto el documento, él iba a firmar todas las primeras páginas del documento «luego lo firmaría Vergara, J.J Rendón, Retureta como testigo se lo enviarían escaneado a Guaidó, este lo firma y se lo devuelve a Jordan Goudreau para que empiece con el trabajo sucio que le encomendó».
También citó una investigación realizada por The Washington Post donde se explica cómo fue el proceso desde la firma del contrato hasta la incursión militar del 3 de mayo en costas venezolanas.
Pero ayer, dicho medio de comunicación internacional publicó los anexos de este contrato que no habían sido revelados a la opinión pública.
Los anexos, según Rodríguez, eran tres: el primero traba sobre los alcances del contrato; el segundo, los recursos que se utilizarían y el tercero hacía referencia a las características legales.
«No cabemos en nuestro asombro de cómo unos seres humanos fueron capaces de firmar un papel ordenando el asesinato de su contendiente político, el asesinato del presidente de la República, el asesinato de Diosdado Cabello, ordenando el asesinato de la mayor parte de los integrantes del Alto Mando Militar, ordenando la derogación de la Constitución», dijo Rodríguez.
Agregó que la primera fase del contrato tendría un costo de al menos 50 millones de dólares «y el costo total (…) es de 212 millones 900 mil dólares y duraría 495 días».
