Saab: Rafael Ramírez es «autor» de un desfalco de casi 5.000 millones de dólares

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Este jueves 1 de septiembre el fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que el ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, es el «autor intelectual» y «material» de un desfalco de casi 5.000 millones de dólares en su etapa como presidente de la estatal petrolera.

En una rueda de prensa ofrecida a medios de comunicación, Saab afirmó que Víctor Aular, ex presidente de Finanzas de Pdvsa, confesó detalles de presuntas operaciones ilegales que habría incurrido Rafael Ramírez.

La confesión de Aular ocurrió en menos de 24 horas después de su detención durante una audiencia de delación realizada la noche del 30 de agosto, la cual se extendió hasta la madrugada del 31 de agosto.

Aular aseguró que la Administradora Atlantic, empresa con la cual suscribió un contrato de préstamos y presuntamente responsable de un desfalco cercano a los 5.000 millones de dólares, ya había realizado contactos previos con miembros de la estatal petrolera y familiares de Ramírez.

Además, Aular detalló que pasó una temporada de nueve meses en EEUU donde se reunió entre unas 15 y 20 veces con Rafael Ramírez, mientras este era embajador de Venezuela ante la ONU.

También ratificó la versión del gobierno nacional al «revelar» que tuvo varias reuniones con Ramírez en territorio de EEUU para «maquillar» los registros de operaciones comerciales «ilegales» y «fraudulentos» con la empresa española Atlantic.

Asimismo, ofreció detalles de firmas de documentos y órdenes de pago realizados por él mismo, aún estando en conocimiento de los hechos «irregulares» en las operaciones.

Otros investigados

Saab mencionó como presuntos cómplices de Ramírez a: Ignacio Oberto Anselmi, Nervis Villalobos Cárdenas, Abraham Ortega Morales y Leopoldo Alejandro Betancourt López. Además hay nueve órdenes de aprehensión y allanamiento a distintas personas y propiedades.

Contra todos los investigados se solicitaron medidas de prohibición de enajenar y gravar, al tiempo que se les aplicó el bloqueo e inmovilización de cuentas. El Estado también decidió la incautación de sus bienes.