El 28 de junio de 2019 el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo moría luego de haber sufrido tratos crueles y torturas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Al Capitán se le acusó de formar parte de un grupo de militares que darían un supuesto golpe de Estado contra el presidente de la república Nicolás Maduro.
La toturas recibidas le produjeron excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en manos, problemas auditivos, inflación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas y lesiones en el torso; situación que le impidió hablar, levantarse, mover las manos y los pies cuando fue presentado en audiencia ante el juez.
Sus familiares, abogados defensores y ong de derechos humanos denunciaron que se violaron las garantías constitucionales del debido proceso en el caso de Acosta, donde jamás se comprobó su supuesta implicación en el golpe y tampoco se imputó formalmente por el Estado, muriendo torturado y siendo inocente e igualmente violó su derecho a la vida.
Un informe de la ONG Provea señala que la autopsia realizada al Capitán indica que sufrió fractura de varias costillas, recibió golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, fractura del tabique nasal, excoriaciones en hombros, codos y rodillas, hematomas en la cara interna de los muslos, lo cual demuestra la saña e intención de los autores del asesinato.
A finales del mes de setiembre el tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas, condenó a los funcionarios pertenecientes a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zárate, a seis años y ocho meses por estar implicados en el asesinato del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, por los delitos de “homicidio preterintencional” con causal; condena que los mencionados cumplirían en un calabozo del Dgcim.
Pero desde Provea rechazaron esta sentencia por considerarla insuficiente y no establecer responsabilidades directas relacionadas a la tortura y tratos crueles que sufrió Arévalo en el mes de junio.
Su esposa, Waleswka Perez de Acosta, exigió que se condene a todos los responsables de su asesinato a un año del suceso.
