La Comisión Especial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas que dirige el diputado Juan Guaidó, registró un total de 162 ataques contra periodistas y trabajadores de la prensa en los primeros seis meses del 2020.
Los mismos habrían sido perpetrados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos colectivos.
De esta cifra, 85 casos ocurrieron tras el decreto del estado de alarma nacional, anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro luego de la llegada de la COVID-19 al país.
El responsable de esta comisión, Humberto Prado, estuvo a cargo de presentar estos datos a través de la publicación del informe “Libertad de Prensa Bajo Ataque”.
El trabajo de registro detalla los ataques y agresiones de los que han sido víctimas periodistas y trabajadores de la prensa, quienes han sido amedrentados, detenidos ilegalmente y sometidos a desapariciones forzadas.
Hechos que representan serias violaciones de derechos fundamentales, principalmente, contra la libertad de expresión, entre otros.
Cronología de los hechos
La reseña comienza con las actividades de calle realizadas los primeros días de enero, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en Caracas; los ataques contra periodistas ocurridos el 11 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y los ocurridos el 29 de ese mismo mes en el barrio La Paz, en Barquisimeto, en los que estuvo presente el presidente de la AN Juan Guaidó.
En todos estos eventos muchos periodistas que hacías las respectivas coberturas fueron identificados, amenazados y robados por grupos colectivos y funcionarios de las diversas fuerzas de seguridad del Estado.
El informe detalló en 13 entrevistas realizadas a las víctimas de ataques, las actuaciones ilegales de funcionarios y civiles armados; algunos sucedidos en el mes de febrero y otros en el contexto del estado de excepción.
Desde el inicio del estado de alarma, la Comisión para DDHH registró un total de 85 de agresiones contra trabajadores de la prensa y periodistas, además de un incremento en la persecución contra este grupo de trabajadores.
Prado destacó que debido al temor de las víctimas a denunciar los hechos y la falta de un suficiente número de medios independientes que divulguen las violaciones a la libertad de prensa, la Comisión no descarta que el número de afectados sea mayor.
También llama la atención sobre los alarmantes y altos niveles de impunidad que existen en el país, además de los grados de las agresiones y la violencia a las que recurren los atacantes.
Lo que proponen y exigen
Por su parte, la coordinación de Derechos Civiles y Políticos de esta Comisión especial señaló que los ataques dirigidos contra los periodistas pueden ser clasificados principalmente en detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento y censura de medios de comunicación.
Esta Comisión para DDHH y Atención a las Víctimas consideró conveniente que la ciudadanía, los organismos internacionales de protección de DDHH y quienes hacen parte de los diferentes niveles de gobierno, aboguen por el cumplimiento de las medidas que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica.
Igualmente que se respeten los parámetros establecidos en la Constitución Nacional respecto a la imposibilidad de suspender el derecho a la información.
Así mismo que se inste al poder legislativo a la anulación de la Ley contra el Odio por impedir el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión e información, se prohíba todo tipo de actos discriminatorios contra medios y periodistas y se realicen investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre las agresiones sufridas por los trabajadores de la prensa a manos de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados.
