«El caso del profesor Pedro José Salinas, docente jubilado de la Universidad de Los Andes (ULA), puso rostro a una situación que tiene más de cinco años empeorando: la crisis salarial y nula seguridad social que viven los profesores universitarios en Venezuela».
Así inicia el informe que presentó, recientemente, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), el cual manifiesta que dicha instancia universitaria ha emitido denuncias ante instancias nacionales e internacionales con el fin de dar a conocer la situación que viven los profesionales de la educación universitaria en el país.
En el comunicado, el observatorio afirma que «la precariedad salarial que viven docentes y trabajadores universitarios, y que forma parte de la política de asfixia a las universidades autónomas que ejecuta el régimen, ha llegado al punto de la miseria desde hace más de cinco años».
Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la ULA (APULA), informó al ODH-ULA que desde 2017 el Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad de Los Andes (IPP) dejó de descontar de las nóminas las cuotas para la cobertura médica y de hospitalización, “porque el sueldo incluso más alto, el que reciben los profesores titulares, ya era insuficiente”.
Para este 2022, el costo de la cobertura ampliada del IPP, que cubre un máximo de 800 dólares al año por afiliado, es de 65 dólares para profesores mayores de 80 años. «El sueldo de un profesor titular en Venezuela oscila entre 9,5 y 11 dólares mensuales, calculados a la tasa de cambio promedio de enero de este año. Esto significa que para poder pagar esta cobertura médica, un docente del mayor escalafón necesita más de seis meses de su salario», indica el informe del observatorio.
Por otro lado, Castillo indicó que desde septiembre del año pasado, el gremio que él preside dejó de recibir la cuota que aportan los profesores, que representa el 1,5% del salario mensual, pese a que se les sigue descontando de sus nóminas.
«Esto ocurre luego de que el régimen nacional centralizara las nóminas universitarias al sistema patria, una medida implementada ilegalmente desde marzo de 2021», afirmó el docente universitario.
Castillo aseguró que el profesor Pedro José Salinas, docente de la ULA desde 1968, con maestría y doctorado en la Universidad de Londres, no cuenta con cobertura médica del IPP, motivo por el cual esta fundación decidió hacerse cargo del costo de una tomografía cerebral que necesitaba.
«Tampoco tiene un seguro médico privado y por ello permanece recluido en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), donde su salud evoluciona satisfactoriamente. Sin embargo, necesitará continuar con tratamiento farmacológico de por vida debido al padecimiento de varias patologías propias de su edad», cerró Castillo.
