Wenseslao Rodríguez, presidente de la Fundación para la Producción, Desarrollo Económico y Social del estado Apure (Fundaprodesea) y miembro del comité ejecutivo de trabajadores dependientes de esa entidad, denunció que 43 trabajadores del Instituto Nacional de Canalizaciones aún no consiguen respuestas frente a sus despidos hace 10 años.
Rodríguez informó este jueves 30 de junio, a través de Radio Fe y Alegría Noticias que el conflicto entre el patrón y los trabajadores comenzó en el año 2003 cuando hubo una desmejora salarial, lo que motivó un reclamo de los afectados ante la Inspectoría del Trabajo de Apure.
Esta instancia admitió que existió un delito laboral e instó al patrón retomar la vía legal; una exigencia que no fue asumida. Son trabajadores que han laborado en dragados y remociones de terrenos, fundamentalmente en el municipio Páez de Apure, a la orden del Estado venezolano.
Violación de derechos humanos
Posteriormente 43 trabajadores fueron despedidos injustificadamente, como lo ratificó la Inspectoría del Trabajo. Esta vez una nueva exigencia de la misma instancia no volvió a ser tomada en cuenta.
A juicio de Rodríguez, existe una violación de los derechos humanos al paralizarse todo tipo de reclamos por jerarquía, politización y otras anormalidades. Varios trabajadores han muerto esperando reenganche y el pago de los sueldos caídos, como lo exigió la inspectoría.
Para Wenseslao Rodríguez, la Inspectoría del Trabajo tampoco ha hecho seguimiento a los reclamos, que de acuerdo a la ley, debe tramitar estos delitos por rebeldía del patrón ante la fiscalía del Ministerio Público.
Los afectados han agotado todas las instancias regionales y en alguna oportunidad introdujeron un documento ante el Poder Moral en la ciudad de Caracas denunciando todas las anormalidades, sin que tampoco tengan respuesta.
