Tribunal de EE.UU. la cargó contra los migrantes

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En un fallo 2-1 que será apelado, la Corte de apelaciones del Noveno Circuito dijo que un tribunal federal de San Francisco se equivocó al emitir una orden judicial para proteger de la deportación a unos 300 mil beneficiarios del programa naturales de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

Esta decisión da luz verde al gobierno de Donald Trump para expulsar a cientos de miles de inmigrantes de estos cuatro países que habían recibido un estatus de protección por razones humanitarias.

El TPS ampara a extranjeros residentes en Estados Unidos que por desastres naturales o conflictos armados no pudieran volver de manera segura a sus países.

El gobierno de Trump, de duro discurso antiinmigración, anunció en 2017 que revocaría el estatus a seis países, incluidos El Salvador, Honduras y Haití, argumentando que las condiciones que llevaron a emitir el TPS fueron superadas.

En medio de la batalla legal, Trump prorrogó el estatus hasta enero de 2021.

La jueza Consuelo Callahan rechazó que haya evidencia que soporte la denuncia de que la decisión de eliminar el programa estuvo influenciada por polémicos comentarios antiinmigrantes de Trump, como cuando en 2018 se habría referido a esas naciones como “países de mierda”.

“Los demandantes no presentan ni siquiera ‘cuestionamientos serios’ sobre los méritos de su afirmación de que la terminación del TPS fue indebidamente influenciada por la animadversión del presidente contra los inmigrantes no blancos y no europeos”.

La decisión afecta a unos 300.000 salvadoreños, 5.000 nicaragüenses, 1.000 sudaneses y 58.000 haitianos

Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la principal organización de derechos civiles del país, anunció que apelaría la decisión.

“Las viles declaraciones del presidente sobre los poseedores del TPS dejaron perfectamente claro que su administración actuó por animosidad racial”, dijo Ahilan Arulanantham, integrante del equipo demandante.

“La Constitución no permite que la política sea impulsada por el racismo. Pediremos una revisión de la decisión del tribunal”, agregó.

Estas personas estaban hasta ahora amparadas por el TPS que concede permisos de forma extraordinaria a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.