La directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Valentina Ballesta, mostró su preocupación sobre el proyecto de ley de fiscalización a las ONG, que ya fue aprobado en primera discusión por los diputados de la Asamblea Nacional en 2023.
Ballesta, durante una entrevista en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias, sostuvo que este proyecto guarda similitud a una ley que está vigente en Nicaragua y que ha ilegalizado a hasta el momento a más de tres mil organizaciones.
“Es una situación muy preocupante”, expresó. “No estamos hablando solamente de organizaciones de derechos humanos, estamos hablando de todas las organizaciones de sociedad civil que incluye universidades, organizaciones religiosas, sobre ayuda humanitaria, entre otras”.
Agregó que las restricciones y los requisitos que se imponen en esta ley son tan “desproporcionados y extenuantes que básicamente parecería tener como fin que las organizaciones no puedan cumplirlas y, por lo tanto, automáticamente queden ilegalizadas”.
“El grupo de la acción financiera, que es internacional y que es un grupo multilateral que evalúa la prevención del lavado de capitales, ha dicho sobre Venezuela que el riesgo de que se cometan irregularidades en el manejo de fondo de las organizaciones es bajísimo: representa un 0,44 % de las organizaciones que existen hoy en día”, destacó.
Añadió que los fondos de cooperación internacional vienen de distintos Estados y no solamente de unos que han sido señalados como que pueden tener agendas contrarias a un proyecto.
“Los Estados dan cooperación y la cooperación internacional está basada bajo el principio de solidaridad”, sostuvo la representante de AI.
¿Qué va a pasar?
¿Qué esperar? Se preguntó Ballesta, quien replicó que realmente es una gran interrogante.
Ella cree que de aprobarse esta ley, se “podría provocar un éxodo de más personas que, antes beneficiadas de estas organizaciones, se verían en mayores apuros y en mayores aprietos”.
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