Este martes 12 de enero, Tareck Wiiliam Saab, Fiscal General de la República, designado por la desaparecida ANC, informó que se solicitó, vía INTERPOL, un alerta roja contra Carlos Alberto Terán, señalado de ser el violador de una adolescente de 13 años en Mérida.
El titular del Ministerio Público precisó que el hombre es un prófugo de la justicia venezolana y por tal motivo se le ha solicitado a la Policía Internacional que se active el alerta roja para su aprehensión para el presunto «violador de Mérida»
Aclaró también que la orden de captura se libró en el mes de noviembre del año pasado en concordancia con el tribunal de la causa. Al no dar con su paradero en Venezuela recurren a la figura del alerta roja, máxima señal de que se trata de un caso de sumo interés
A Terán se le culpa de haber violado a una jovencita de 13 años en una localidad de Mérida, quedando embarazada.
#SOLICITADO por #Sipol y -con orden de captura solicitada por el Ministerio Público- #violador de una menor de 13 años en Mérida: al precitado sujeto prófugo de la justicia se le ha solicitado #AlertaRoja vía INTERPOL pic.twitter.com/5NFBbdUnXC
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) January 10, 2021
Sobre el suceso en sí no existe mucha información, salvo que se encuentra detenida desde el pasado 12 de octubre la activista Vanessa Rosales, a quien se le señala de haber ayudado a abortar a la adolescente.
Este lunes 11 de enero más de 100 ONG de derechos humanos exigieron a los órganos jurisdiccionales que sea justo el proceso penal que se lleva en contra de Rosales, a través de todas las garantías procesales y del derecho a la defensa.
Los movimientos alegan que la adolescente «a la que Vanessa ayudó se encuentra en condiciones sociales precarias y que un embarazo a esa edad es un grave riesgo para su salud y su vida”.
Por otro lado, agregan que los órganos judiciales «incumplen la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “Convención Belem Do Pará”, pues “están sometiéndola a violencia institucional y psicológica por defender los derechos humanos”.
A Rosales se les imputaron los delitos de agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por tercero.
El 12 de enero, se conoció que la Vanessa Rosales permanecerá en arresto domiciliario.
