En Venezuela, por diversos motivos, se ha convertido en una tradición el aumento de los sueldos y salarios de los trabajadores, en todos sus niveles, el primero de mayo. Al igual que la marcha de los trabajadores es una tradición, el ajuste de los sueldos, tanto que está establecido en la Constitución Nacional.

Luego de múltiples rumores que expresaban las expectativas de los trabajadores venezolanos con relación al aumento de los sueldos y salarios, después de 2 años sin ajustes, había una gran esperanza nacional de que se materializara una significativa recuperación de las remuneraciones con incidencia en las vacaciones y prestaciones sociales.

Sin embargo, el primero de mayo del 2024 no fue el día soñado. El Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el ajuste del Bono de Guerra de 60 a 90 $ o su equivalente, manteniendo tristemente el sueldo en bolívares 130, que es lo que tiene incidencia en las prestaciones sociales y pagos de retribuciones laborales.

Es decir, que los trabajadores recibirán menos dinero por concepto de bono vacacional o de aguinaldos que los ingresos mensuales, debido al bono de guerra que equivale a 90 dólares a tasa del Banco Central de Venezuela. ¿Y el aumento del sueldo de los trabajadores venezolanos para cuándo?.

Por otra parte, las pensiones deberán esperar una ley especial de impuesto que presuntamente ajustará sus pagos. Algunos economistas sostienen que no se puede aumentar los sueldos porque se disparará la inflación, al mismo tiempo otros rechazan esos argumentos explicando que nada tiene que ver un pago justo con la distorsión económica actual y que el Estado y el Gobierno deben honrar la deuda con los trabajadores.

Lo cierto es que mientras se discuten tecnicismos los venezolanos sufren el alto costo de la vida y de las medicinas.

¿Por qué aumentar los bonos y no los sueldos y salarios?

Es cierto que las bonificaciones ayudan al trabajador en sus gastos mensuales pero no es la solución a la problemática, pues deja sin capacidad de ingresos económicos a la masa trabajadora. Además, que no se valoran las escalas salariales, ya que toda la nómina recibe el mismo pago de bono de guerra y de alimentación. Por su parte, las primas laborales son muy bajas por lo disminuido del salario mínimo.

La distorsión del ingreso integral, basado en unas bonificaciones de alimentación y de guerra, deja casi sin efecto las retribuciones laborales como prestaciones sociales y otros pagos, como por ejemplo los aguinaldos de un obrero que cobra bolívares 130, partiendo de la base que sean tres meses recibirá 390 bolívares mientras que por concepto de bono de guerra recibe más de 3 mil bolívares.

¿Y qué pasó con los artículos 89 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Allí se lee:

Que el Estado garantizará el derecho de los trabajadores a sueldos y salarios justos, a sus prestaciones sociales y que ninguna norma puede desmejorar los derechos laborales. Además, que todos los años se deberá ajustar los sueldos y salarios con todos los beneficios de ley con su incidencia en las prestaciones sociales y pagos de retribuciones laborales.

Todo queda en papel, pues la deuda sigue vigente.

Moisés Quintero es periodista y activista de derechos humanos

@MOISESFQUINTERO

Las opiniones expresadas en la sección Red de Opinadores son responsabilidad absoluta de sus autores.