El Coordinador General de Provea, Rafael Uzcategui, expresó su satisfacción respecto a los resultados de la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela.
Rafael Uzcategui manifestó a Radio Fe y Alegría Noticias que la organización que representa lleva más de tres años trabajando con el equipo técnico de Michelle Bachelet, equipo que, a su juicio, estaba muy bien informado sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
“Ese equipo técnico ha hecho una radiografía detallada de la situación venezolana, un trabajo muy profesional y con mucho compromiso en materia de Derechos Humanos”, detalló Uzcátegui.
El activista informó que se han alcanzado acuerdos de trabajo con el presidente Nicolás Maduro para mejorar algunas situaciones en materia de Derechos Humanos. Sin embargo, dijo que su logro más significativo ha sido el acuerdo sobre la presencia permanente de dos funcionarios del ACDH en Venezuela, así como la posibilidad de que se abra una oficina de ese ente de manera permanente en el país.
Relató que la apertura formal podría hacerse en un lapso de seis meses y permitiría “dar una respuesta rápida, recibir los testimonios y denuncias de las víctimas y permitir alzar la voz en el momento que sea necesario”.
Aprovechó para describir algunas de las reuniones celebradas por Bachelet con activistas de Derechos Humanos y algunas víctimas de vulneraciones en el país, señalando que la funcionaria tuvo la posibilidad de escuchar a distintos actores civiles y que se mostró muy sensibilizada por las historias compartidas.
Con respecto a las demandas de algunos actores políticos respecto a algún gesto del gobierno en respuesta a la visita de Michelle Bachelet, como la liberación de presos políticos, Uzcátegui consideró que la liberación de algunos presos políticos fue consecuencia de esa visita. Reconoció que esperaban un mayor número de liberaciones, sin embargo, opinó que el gesto sigue siendo positivo.
Uzcategui también aseguró que el gobierno ha mostrado indicios de querer “honrar sus compromisos con Bachelet” y espera que luego de la entrega del tercer informe especial sobre los Derechos Humanons en Venezuela, el próximo 5 de julio, estas acciones se aceleren.
“Este acuerdo de trabajo entre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y el ACDH es otro de los gestos sobre la supuesta voluntad del gobierno venezolano para realizar algunas mejoras. Hay que recordar que el próximo 5 de julio se va a presentar el tercer informe especial sobre nuestro país (…), habría que ver si luego de la divulgación de este nuevo informe, el gobierno continuará honrando los compromisos contraídos con el Alto Comisionado”.
Sobre ese nuevo informe, Rafael Uzcátegui adelantó que será «más contundente» y se dedica un espacio considerable a los derecho de los pueblos indígenas, “todo el impacto de la emergencia humanitaria compleja, las consecuencias de la minería…”, dijo. También, se incluirá “una detallada descripción de las violaciones de Derechos Humanos cometidas por las FAES, dentro de lo que el gobierno ha promovido como ‘políticas de seguridad ciudadana”, destacó.
Se espera que dicho documento detalle los diferentes acuerdos alcanzados entre el Alto Comisionado y el Estado, así como recomendaciones para la disminución de las violaciones de derechos humanos, como podría ser el entrenamiento de funcionarios policiales con perspectiva de Derechos Humanos, con la asesoría del equipo técnico del Alto Comisionado. Además, se espera la prohibición del uso de civiles armados en labores de seguridad ciudadana y orden público.
Para Uzcátegui, la visita de Bachelet sirve para impulsar la labor de Provea y otras ONG defensoras de los Derechos Humanos en el país, destacando, “el ACDH sólo visita aquellos países con graves situaciones en materia de Derechos Humanos, así que esto es un reconocimiento de la gravedad de la situación de los venezolanos y todo lo que hemos venido documentando y denunciando”.
También, aseguró que la posibilidad de que se instale una oficina permanente del ente en Venezuela, es un reconocimiento de que las instituciones que deberían atender las denuncias de los ciudadanos no están actuando:
“Es un reconocimiento a la ineficacia de eso que hoy se llama Defensoría del Pueblo, de las limitaciones que tiene el Ministerio Público y el sistema de administración de justicia para poder investigar y sancionar delitos y violaciones de DDHH en Venezuela”, concluyó.
