El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró un estado de emergencia nacional para frenar el avance del Covid-19, amparado en una ley que se lo permite si el congreso no puede reunirse, medida que fue catalogada por diputados y analistas como un «desconocimiento» del Congreso.
La declaración se hizo de medianoche frente al vencimiento este sábado del estado de emergencia decretado desde mediados de marzo por el Congreso, que tenía previsto discutir y votar la medida nuevamente la tarde del lunes, y ante el posible colapso del sistema sanitario.
En una inesperada conferencia de prensa, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, anunció que «el señor presidente de la República, a través de decreto ejecutivo, decreta estado de emergencia» sin cambiar «una coma» de lo aprobado por los diputados.
Aseguró que con esta acción se evita un «limbo jurídico» y se mantiene la suspensión de clases y espectáculos públicos, una moratoria para el pago de servicios básicos y la «estabilidad laboral» de los ciudadanos.
El artículo 24 de la Ley de Protección Civil establece que la Asamblea Legislativa es el órgano facultado para declarar un estado de emergencia, pero señala que si «no estuviere reunida», el presidente podrá declarar dicho estado.
De acuerdo con Castro, esta excepción se cumplió cuando los diputados no atendieron los llamados de Bukele, principalmente por Twitter, de aprobar el sábado la prórroga de la medida.
Al ser preguntado si este decreto invade o no las facultades del órgano Legislativo, Castro sostuvo que «no hay intervención de funciones» ni violación de garantías constitucionales.
Reaccionan los diputados
Diputados opositores y expertos en derechos humanos catalogaron, casi de inmediato, la acción del Ejecutivo de Nayib Bukele como un «desconocimiento» del Congreso y de «estado de excepción».
«Este es un estado de excepción disfrazado que no puede ser declarado bajo ninguna circunstancia por el Ejecutivo», señaló la diputada Patricia Valdivieso, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Añadió que se está «violentando» la Constitución y la «separación de poderes que nos hace una república».
David Morales, ex procurador de derechos humanos, señaló desde sus redes sociales que «uno de los objetivos de hoy parece ser desconocer la @AsambleaSV».
Los congresistas y organizaciones ciudadanas le han pedido a la Fiscalía Nacional promover una investigación contra los funcionarios del Ejecutivo por la supuesta «alteración del orden constitucional».
A las críticas se sumó el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, con quien mantiene una tensa relación con Bukele.
