El gobierno de Costa Rica cambió su negativa de impedir el acceso a periodistas y reporteros al Centro de Atención Temporal al Migrante (Catem), ubicado en la frontera sur con Panamá, tras una visita de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
El cambio de decisión obedeció a una presión de los legisladores, según reveló a los medios el legislador costarricense José Ortega, quien declaró que “en los últimos días hemos presionado al gobierno de la República para que deje ingresar a la prensa a nuestra visita que haremos el viernes al Catem”.
Ortega confirmó que tras recibir la respuesta de Omar Badilla, viceministro de Gobernación, quien además asume con recargo como director General de Migración y Extranjería, estima que “en teoría da la luz verde para que pueda acceder la prensa”.
La visita de los parlamentarios está prevista para este viernes 28 de marzo en horas de la tarde para verificar en qué condiciones se encuentran los migrantes que expulsaron de Estados Unidos
Requisitos para los periodistas
En principio, los periodistas que quieran conocer el recorrido que harán los legisladores y lo que luego puedan declarar deberán contra primero con “un consentimiento informado en el idioma requerido y en grupos supervisados y previamente remitidos a este Despacho ( viceministerio de gobernación) la identidad de las personas, cantidad de personal de prensa, medios que representan y credenciales, con la debida antelación”.
Según alegó este ente gubernamental, “desde que llegaron los migrantes que deportó Estados Unidos al CATEM-SUR, expresó que, no desean fotografías ni entrevistas, principalmente por un eventual riesgo al que pueden exponerse por dicha divulgación”, lo cual “es un derecho que debe respetarse por los garantes de resguardar a esta población, máxime que, dentro del grupo de las personas migrantes se encuentran personas menores de edad, lo que conlleva un margen de confidencialidad aún más restrictivo”.
Trato de criminales
Vale recordar que el 20 de febrero cientos de personas migrantes, provenientes de varios continentes, fueron alojados en el Centro de Atención Temporal al Migrante y tal cual como lo denunció el activista humanitario Roy Arias Cruz.
Un mes después, “salieron como presos desde Estados Unidos, los trataron como peligrosos criminales y desde un primer momento, los llevaron en custodia con gran violencia y brutalidad, los subieron a un avión, hacia un lugar desconocido”.
Los sorprendieron en los momentos más inesperados, cuando tomaban un café, cuando estaban con sus familias, o haciendo lo que más les gusta, jugar y divertirse, o cuando iban a una cita que les iba a permitir su regularización o su ingreso a ese país del norte de una manera oficial.
Sin explicación alguna, los apresaron, los detuvieron, y los expulsaron sin nada, con nada, solo lo que traían puesto.
Más de sesenta niños y niñas, sus madres y en algunos casos sus padres, casi 200 personas víctimas de estos atropellos, en la frontera de Estados Unidos y dentro de ese país, desde ese día, a algunos los separaron de sus familias.
Venían de muchos países, de Asia y de África, provenientes de sitios con distintos idiomas, costumbres, experiencias, y religiones, pero nada de eso importaba, a todos se les trató como delincuentes, como amenaza, como un peligro, también a los adultos mayores y las mujeres embarazadas que venían en el grupo.
Un vuelo inexplicable a Costa Rica
En un vuelo inexplicable, su ruta fue a Costa Rica. En el aeropuerto Juan Santamaría, los esperaban más policías, más vigilancia, más operativos, las primeras personas que vieron en ese nuevo destino no elegido, fueron hombres y mujeres armados, autoridades migratorias y funcionarios de gobierno, de un país extraño en un lugar extraño, gente hostil que tampoco reconocían, que también les producía miedo, el miedo que ya traían y sentían en el viaje, el mismo miedo e impotencia que cuando les pusieron las esposas y grilletes y perdieron su libertad, sin explicación alguna”.
Ante esta realidad, los integrantes de la de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, intentarán verificar cómo se encuentran ahora estos migrantes ubicados en este punto de la frontera entre Costa Rica y Panamá.
Con información de Semanario Universidad
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