Familiares del sindicalista Juan Valor se concentraron este viernes frente al Comando Antiextorsion y Secuestro (Conas), donde permanece privado de libertad, para obtener información sobre una posible excarcelación en el marco de los anuncios hechos por las autoridades nacionales con respecto a la liberación de presos políticos.
Este 9 de enero se cumplió un año desde la detención de Valor, trabajador de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), quien fue arrestado en el sector Nueva Chirica, San Félix, el 9 de enero del 2025 en el marco de la toma de posesión de Nicolás Maduro.
Valor engrosó la lista de presos poselectorales que, según información oficial, ascendió a más de 2000 personas. El sidorista fue acusado de terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad, debido a un video que publicó en redes sociales llamando a los trabajadores de la acería a protestar para defender los resultados de la elección del 28 de julio.
Su esposa, Damaris Valor, aseguró que la liberación de presos que se ha anunciado en Caracas, les hizo llenarse de esperanza y desde horas de la mañana se apersonaron en el centro de reclusión; sin embargo, no han sido notificados sobre una orden de libertad para su esposo.
“Tenemos la fe puesta en Dios por lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional que iban a ir soltando a todos los presos políticos: eso nos llenó de fe, de esperanza. Agarramos fuerza y aquí estamos esperando que cumplan y que suelten a mi esposo”, declaró ante medios de comunicación.
Uno de los aspectos que más preocupa a sus allegados es el estado de salud de Valor. De acuerdo con sus familiares, presenta episodios recurrentes de hipertensión, además de otros síntomas que requieren evaluación médica especializada. Aunque han solicitado atención médica, aseguran que aún no se ha concretado una visita a un centro de salud.
La familia recalca que el acceso a la salud es un derecho fundamental, independientemente de la condición jurídica de cualquier ciudadano.
Junto a Juan Valor, otros trabajadores, dirigentes sociales y activistas del estado Bolívar también permanecen a la espera de resoluciones que les permitan retomar sus proyectos de vida junto a sus familias.
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