El abogado Vladimir Martínez, quien lleva las causas de personas que fueron detenidas en el estado Bolívar tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, denunció en rueda de prensa que las excarcelaciones que se han dado recientemente de detenidos por motivos políticos, se han hecho bajo la figura de medidas cautelares que calificó como “poco claras”.
Martínez enfatizó en que, a pesar de las solicitudes de libertad plena, los liberados de la región han salido bajo este condicionamiento, teniendo limitaciones para salir de la zona y régimen de presentación.
“A ellos se les expidió una boleta a través de las cuales se señalan las medidas cautelares, no es menos cierto que la boleta es ambigua. No precisa, no detalla ni aclara bajo qué régimen en realidad van a estar ellos limitados. Por ejemplo, la boleta señala que están con medidas cautelares establecidas en el artículo 242 de la Ley Orgánica Procesal Penal, ordinales III y IV, en cuanto al ordinal tercero señala que las presentaciones pueden ser cada 8 días, cada 15 días, cada 30 días o aquellas que estime convenientes el tribunal. El ordinal IV que prohíbe la salida del país e inclusive de la localidad, no está claro. No está definido”, puntualizó.
Martínez encabeza el equipo jurídico que llevó los casos de los integrantes de Vente Venezuela Romel Zabala, Carlos Martínez, Cipriano Díaz y Jesús Ramírez, quienes fueron excarcelados el pasado 16 de enero tras más de un año de privativa de libertad.
“Vamos a trasladarnos a Caracas para tener acceso al físico del expediente como a las autoridades judiciales, a manera de aclarar en qué condiciones se establece el artículo IV en esa restricción”, acotó el jurista.
Martínez destacó que su equipo legal ha estado atendiendo los casos de los detenidos poselectorales en Bolívar, cuya cifra asciende a 20 personas, de las cuales ya han sido liberadas 10.
“Consideramos que fueron privados de libertad por situaciones que van más allá de un delito. Asimismo, en cuanto a la medida cautelar, vamos a agradecer a la persona que está llevando el país, abogada Delcy Rodríguez, estamos tratando de que las cosas se solucionen; pero aún consideramos que están privados de libertad porque no es una libertad plena, creemos que deben retornar a su vida cotidiana y poder ejercer sus derechos de opinión y políticos”, cerró el entrevistado.
Esperan resarcimiento de daños
Ante el cuestionamiento de la arbitrariedad de las detenciones, Martínez aseguró que en el momento oportuno buscarán el resarcimiento de daños para los detenidos, quienes aseguró fueron privados de libertad sin haber cometido actos delictivos.
“Tenemos que actuar bajo la legalidad. Nosotros siempre estamos apegados al Estado de derecho y lo que nos ordena la Carta Magna y el Código Orgánico Procesal Penal. Todo lo que esté allí que consideremos que es violatorio del estado de derecho y de justicia de estos ciudadanos que están recuperando la libertad, vamos a tomar las acciones para que se les repare a ellos el daño social causado por haber estado bajo prisión por más de un año”, manifestó el jurista.
“Mi mamá no merece estar presa”
Durante la rueda de prensa, se presentó Kaylin Noguera, hija de Omaira Salazar, activista política y líder social del estado, quien permanece detenida desde octubre del año 2024.
Noguera recordó que aún quedan personas privadas de libertad y apeló a la humanidad de las autoridades para liberar a su madre, quien asegura nunca ha llevado a cabo acciones terroristas ni delictivas.
“Mi madre está detenida hace 1 año y tres meses, por cuestiones de cuidar el voto en las elecciones del 28 de julio del 2024. Ella se encuentra en el Centro de Resguardo Preventivo Ramón Eduardo Vizcaino, realmente me duele que mi madre esté en esta situación. Ella es una madre ejemplar, abuela. Nos duele a toda la familia. Le exigimos a los funcionarios públicos que, por favor, nos ayude. Una ayuda humanitaria. Mi madre se encuentra en condiciones de salud delicadas, tiene cardiopatía isquémica, problemas de hernia discal e hipertensión arterial”, expuso Noguera, quien rompió en llanto mientras explicaba la historia de su madre, quien es una mujer de más de 55 años.
Salazar fue detenida la madrugada del 24 de octubre en su residencia en Villa Bahía, parroquia Unare, municipio Caroní. Según el relato de su hija, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se apersonaron en su vivienda para efectuar la detención.
Durante las elecciones del pasado 28 de julio, se desempeñó como coordinadora de centro. Es reconocida como líder comunitaria, llevando una importante trayectoria en la lucha por derechos políticos de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia.
Balance regional
Luego de que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunciara un número “importante” de excarcelaciones en el país, los llamados y la esperanza son un factor recurrente en todo el país.
En Bolívar, una veintena de familias se ha estado movilizando, revisando listas y constatando si sus seres queridos serán liberados prontamente. Sin embargo, de Omaira aún no se sabe nada ni hay mayores informaciones.
Según el balance de este medio, para el mes de diciembre había cerca de 20 presos políticos en la región, para este 19 de enero, han sido puestos en libertad 10 de ellos.
Se espera que en los próximos días continúen las liberaciones; no obstante, muchos familiares manifiestan que la incertidumbre sigue acompañándolos ante la falta de claridad en cuanto a quiénes serán los excarcelados.
Organizaciones como Provea y Foro Penal han pedido a las autoridades nacionales emitir un boletín oficial donde se exponga cuántas excarcelaciones se han concretado y quiénes serán los beneficiados: la petición sigue sin respuesta.
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