Los decanos de las facultades de derecho y ciencias políticas de la UCV, LUZ y ULA, introdujeron este lunes 2 de febrero una demanda ante el TSJ, en Caracas, en contra del ejecutivo nacional por la congelación de los salarios desde 2023.
Juan Carlos Apitz (decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela – UCV), Diana Romero La Roche (decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia – LUZ) y el decano de la Universidad de los Andes (ULA), fueron los principales responsables de presentar la acción judicial por lo que consideran “una omisión constitucional ante la falta de ajuste salarial a los universitarios desde 2023”.
La demanda judicial denuncia que el gobierno incumple el artículo 91 de la Constitución, que establece la obligación de fijar un salario suficiente para cubrir el costo de la canasta básica y garantizar una vida digna.
Ese artículo constitucional reza que “todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento”.
Vale recordar que desde marzo de 2022 cuando el presidente Nicolás Maduro anunciaba que se fijaba el salario mínimo en 130 bolívares, equivalentes a 30 dólares para la época, medianamente suficientes para subsistir, en Venezuela no se produce ningún incremento salarial, convirtiendo ese monto en menos de medio dólar mensual.
“Se trata de una demanda por inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela debido a la omisión del Ejecutivo Nacional en ajustar el salario mínimo vital durante los años 2023, 2024 y 2025”, explicaba Juan Carlos Apitz a los periodistas que hacían cobertura de la acción.
Por su parte, Pablo Aure, secretario general de la Universidad de Carabobo, señaló que “acabamos de interponer la acción, la petición es muy clara y justa, que se cumpla con el artículo 91 de la Constitución para los salarios de los trabajadores públicos, esto no es nada más de las universidades. En ningún caso el salario puede ser menor que el valor de la canasta básica”, cuyo monto, según cifras de observatorios financieros, ya supera los 650 dólares al mes.
En la cita también estuvieron otros gremios universitarios, estudiantes y sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT).
Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra App.
