Lo que debería ser una unidad de producción activa, es hoy un escenario de conflicto y abandono. El ciudadano Agapito Márquez Guerrero, productor del sector Matapalo, en la parroquia Aramendi del municipio José Antonio Páez de Apure, denunció públicamente la invasión de sus tierras, una situación que se mantiene impune desde hace más de dos años.
Márquez Guerrero relató con preocupación cómo fue desalojado arbitrariamente de su propiedad por un grupo de personas a quienes califica de “invasores de oficio”. El productor aseguró contar con toda la documentación legal que lo acredita como propietario y denunció que los invasores han desmantelado su vivienda llevándose puertas, ventanas y piezas sanitarias, además de proceder con la deforestación indiscriminada de maderas que luego son comercializadas ilegalmente.
“Que tengo ya dos años con esa causa con unos deficientes que hay ahí: invasores, bajos de oficios, me sacaron”, lamentó Márquez en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, donde mencionó que a pesar de haber acudido a múltiples instancias, incluyendo el Instituto Nacional de Tierras (INTI), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Fiscalía Tercera, el Tribunal Agrario y la Defensoría del Pueblo, no ha conseguido respuestas ni soluciones.
Por el contrario, señaló directamente a funcionarios de la Defensa Pública y del INTI de Guasdualito, parroquia del municipio José Antonio Páez, de “apoyar” a los ocupantes en perjuicio de los productores legítimos.
Por su parte, Wenceslao Rodríguez, representante de la Fundación para el Desarrollo de las Comunidades del estado Apure (Fundaprodesea), calificó la situación como una violación flagrante al derecho de propiedad y un atropello a los Derechos Humanos de las familias afectadas.
“Estamos viendo un ambiente de total indefensión. Se aplican trabas burocráticas y se ‘pelotea’ a las víctimas de una oficina a otra, alegando falta de competencia”, afirmó Rodríguez.
El representante legal destacó la urgencia de aplicar la Ley de Simplificación de Trámites y exigió una acción directa del fiscal general de la República, y de la Defensora del Pueblo.
Rodríguez criticó que, en un giro paradójico del sistema judicial, el propietario legítimo ha llegado a ser calificado como “perturbador” en su propia casa por el solo hecho de defenderla.
La denuncia cierra con una solicitud urgente al Tribunal Agrario de Guasdualito para que ejecute las medidas de restitución de posesión y medidas cautelares correspondientes. Los afectados exigieron que se respete el principio de legalidad y se garantice una tutela judicial efectiva para los productores de la región, quienes no cuentan con recursos para trasladar sus denuncias constantemente hasta la capital del país.
Derecho a réplica
Este lunes, habitantes del sector Mata Palo, en la parroquia Aramendi, acudieron a nuestra sala de redacción para ejercer su derecho a réplica tras las denuncias de presunta invasión emitidas por Agapito Márquez Guerrero.
La señora Adriana Rey, en representación de cinco familias de la zona, desmintió categóricamente las declaraciones de Márquez Guerrero.
“Él dice que es el dueño, pero cuando el INTI y las autoridades agrarias le solicitaron la documentación, no presentó nada. Lo que ha hecho es usar a los cuerpos de seguridad para amedrentarnos con denuncias falsas”, afirmó Rey.
Rey calificó de falsos los señalamientos de daños a la propiedad y aseguró que el grupo familiar solo ha ocupado tierras que se encontraban en estado de abandono.
La vocera enfatizó que no han causado afectaciones al predio y manifestó contar con las pruebas necesarias para demostrar que su permanencia en el lugar no constituye un acto vandálico, como se denunció anteriormente.
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