La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció este domingo 10 de mayo, Día de las Madres, sobre el caso de Víctor Hugo Quero, cuyas revelaciones generaron indignación en muchos de los venezolanos.
Los obispos se solidarizaron en primer lugar con las víctimas del “silencio gubernamental” y específicamente con la señora Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo, ya que “su incansable búsqueda, marcada por el hostigamiento e incertidumbre, es un grito que clama al cielo”, reafirmando que la Iglesia acompaña a quienes “buscan la verdad en medio de la opacidad institucional”.
En segundo término, quisieron recordar, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, que la dignidad humana no desaparece al estar en prisión. En este punto, hicieron referencia a las informaciones contradictorias sobre las condiciones de salud y sitio de reclusión en las que se encontraba Quero Navas, calificando estos hechos como una falta gravísima de la ética pública.
En tercer lugar los prelados advirtieron que el Estado venezolano está en la obligación moral de proteger la integridad física de todos los privados de libertad en todos los centros de detención, reafirmando que en eso también consiste el respeto a sus derechos humanos y a la real aplicación de justicia.
En cuanto al proceso de exhumación que se llevó a cabo el viernes 8 de mayo con participación de funcionarios del Cicpc, la comisión exhortó a las autoridades que debió aplicarse el Protocolo de Minnesota que establece la participación de expertos forenses especializados e independientes.
La Iglesia también comparte que debió haberse activado una investigación internacional, tal cual como lo exigieron este lunes más de 45 ONG. En este punto también cuestionan que mediante el procedimiento se haya revictimizado de nuevo a la señora Carmen Navas.
Al Ministerio Público (MP) y a la Defensoría del Pueblo llaman a actuar con verdaderas independencia y autonomía para que a su vez puedan determinar las respectivas responsabilidades penales y administrativas con el fin de que no repitan casos como el de este trabajador informal “muriera en el olvido, sin acceso a su familia y privado del debido proceso”.
Las autoridades eclesiásticas cerraron el comunicado indicando que no hay paz auténtica sin la debida justicia verdadera, y afirmaron que la real reconciliación social solo es posible si se revierte la opacidad burocrática reinante.
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