La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, condenó que la situación económica y social de Venezuela «sigue deteriorándose rápidamente».
Durante su discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet reiteró este lunes 9 de septiembre que el salario mínimo de los venezolanos es de 2 dólares mensuales, 5 dólares menos que en junio.
«La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región», expresó la funcionaria, asegurando que una familia necesita 41 salarios mínimos mensuales para poder alimentarse.
Bachelet aseguró que la situación atenta contra los derechos económicos y sociales «de millones de personas», destacando que existe en el país una «dolarización de facto» de la economía que ha agudizado la desigualdad en el acceso a los bienes y servicios básicos.
Michelle Bachelet habla de la salud
En la actualización de su informe, Michelle Bachelet expresó su preocupación por la cantidad de pacientes con enfermedades crónicas que no tienen el debido acceso a tratamientos y medicinas, cuyo número ascendió a 400 mil.
También condenó la muerte de cuatro niños que esperaban transplante de médula espinal, así como de pacientes con insuficiencia renal a causa de la falta de insumos para diálisis.
En el tema de la salud destacó, además, un paso positivo: «según la Organización Panamericana de la Salud se ha ampliado la cobertura de la vacunación contra la poliomielitis, el sarampión y la difteria», señaló.
Crecen denuncias contra las Faes
Con respecto a la seguridad, la alta comisionada condenó que el gobierno de Nicolás Maduro no haya hecho caso a la recomendación de su informe sobre la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.
«Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las Faes y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. «Por el contrario, las Faes han recibido apoyo del más alto nivel del gobierno», sentenció.
En ese respecto, informó que sólo en el mes de Julio, la Organización No Gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
«Los casos documentados muestran los mismos patrones identificados en mi informe de junio», aseveró.
Rechazó detenciones por razones políticas
Condenó, igualmente, la detención de los diputados Edgar Zambrano y Juan Requesens y manifestó su confianza en que su oficina pueda visitarles pronto.
También, criticó el caso del dirigente sindical Rubén González, condenado a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar, por manifestar contra el gobierno nacional.
«La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial», dijo.
Sobre las sanciones y el diálogo
Además de condenar las acciones del gobierno de Nicolás Maduro, insistió en que las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, asegurando que éstas tienen un impacto severo en los derechos humanos y contribuyen a agravar la crisis humanitaria y el éxodo de personas.
Por último, la alta comisionada insistió en la necesidad de un acuerdo político que permita poner fin a la situación política, económica y social que enfrenta Venezuela.
«Reitero mi llamado tanto al Gobierno como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación que considero como la única manera para poder superar la actual situación», culminó.
