Para el abogado Carlos Lusverti la salida de su colega Fatou Bensuoda como Fiscal de la Corte Penal Internacional es un proceso normal dentro de la institución que ahora quedará en manos del británico Karim Khan.
Por tanto, considera que no debe haber suspicacia en torno a por qué no culminó con un pronunciamiento oficial en el caso que se le sigue a Venezuela. «No era ninguna sorpresa el cambio y tampoco está renunciando antes de tiempo. El proceso de postulaciones para un nuevo Fiscal se abrió desde hace dos años. El nuevo fue electo por la Asamblea de Estados el año pasado».
A través de Radio Fe y Alegría Noticias aclaró que la actuación final de la ahora ex Fiscal sobre el Examen Preliminar Venezuela I «no se pudo concretar producto de una moción que presentó el gobierno venezolano ante la Sala de Cuestiones Preliminares, de la propia Corte, solicitando que se postergara el proceso del Examen Preliminar».
Por tanto, explicó, hasta tanto la Sala no decida sobre lo demandado «le impedía a ella y ahora al nuevo Fiscal emitir un pronunciamiento, lo cual puede entenderse como una jugada jurídica del gobierno venezolano, igualmente válida».
¿Qué investiga la Corte Penal Internacional en Venezuela?
El también integrante del Comité de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello rememoró que en el año 2017 la propia Fiscal Bensuoda informó que estaba abriendo un examen preliminar en el país sobre presuntos crímenes cometidos entre 2014 y 2017, que son competencia de la CPI. «Y se entiende por delitos de competencia de la Corte graves violaciones de derechos humanos, considerados como crímenes de lesa humanidad, y también crímenes de guerra», acotó Lusverti.
Igualmente, «adicionado a esto en el año 2018 se produjo una remisión por parte de un grupo de Estados como Chile, Argentina (que recientemente se retiró), Canadá, Colombia, pidiendo que se investigara la situación que estaba ocurriendo en Venezuela relacionada con las ejecuciones extrajudiciales, denuncias graves de torturas, excesiva represión en el contexto de manifestaciones ciudadanas en el 2017».
Sobre la posición del Ministerio Público de Venezuela, que representa el Fiscal Tareck William Saab, señaló que al conocer que venía una decisión conclusiva sobre el Examen Preliminar «comienza a activar una dinámica sobre una presunta discriminación y manipulación de los lapsos de la Corte, pero hay que decir que desafortunadamente no hay lapsos previstos en el Estatuto de la Corte y por tanto el Fiscal (venezolano) considera que es injusto que se fuese a cerrar el caso de Venezuela cuando apenas lleva 4 años», a diferencia de otros casos como el de Colombia, cuyo estudio data desde el 2004 y aún permanece abierto.
Sin embargo, Lusverti advirtió que el promedio de cierre de Exámenes Preliminares de la CPI «es menos de 4 años, por tanto, no se está haciendo trato discriminatorio hacia Venezuela».
¿Por qué Tareck William Saab sigue enviando documentos a la CPI?
Al respecto, el abogado detalló que «ese es un proceso institucionalizado y el Fiscal de Venezuela puede seguir enviando información. Por eso es que presentó la moción ante la Sala de Cuestiones Preliminares».
En ese sentido, enfatizó que «habría que esperar lo que decida la Sala. Pudiera ser que desestime la solicitud de Venezuela. En todo caso, tomarán una decisión imparcial privilegiando el interés de las víctimas y la aplicación de justicia».
Sobre el nuevo Fiscal de la CPI atinó a decir que «uno esperaría que retome el proceso (que ya había comenzado Bensuoda) y esperamos que se dé el inicio de una investigación internacional, imparcial e independiente ante el derecho que se le ha negado a las víctimas, principales afectadas, pero también a la sociedad venezolana que ha percibido que los movimientos de la Fiscalía (Venezuela) no han sido satisfactorios desde el punto de vista de derecho de acceso a la justicia, que realmente determine qué fue lo que ocurrió en el contexto de las protestas donde se cometieron ejecuciones extrajudiciales y donde se involucran a la fuerza pública como las FAES, casos denunciados de torturas y detenciones arbitrarias».
