Son las 8:30 de la fresca mañana caraqueña. Con mi bastón de rastreo me dirijo al Metro en Plaza Venezuela con la finalidad de viajar a La Hoyada, en el centro de la ciudad. Ingreso al tren sin mayores sobresaltos y emprendemos la marcha.
En el sistema observo gran cantidad de personas con diferentes discapacidades que se dirigen a las diversas actividades por el 3D: Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Le pregunto a un señor con discapacidad físico-motora (en silla de rueda) si el Metro tardó en llegar y me responde: «yo llegué al Metro de Petare a las 6:45 de la mañana, sabes, a esperar que pasara alguien que me pudiera ayudar a bajar pues todas las escaleras mecánicas se dañaron, y rodar hasta otra estación no me gusta. Ya me pasó una vez que me fui rodando, buscando, y nada. Todas esas escaleras dañadas, chamo. Qué va, eso es muy agotador. Mi silla tiene mala la batería y me toca a punta de mano moverme. Ahorita fue que pasaron dos señores bien amables y me cargaron de un solo viaje, desde la calle hasta el andén».
«También me pasó una vez que el policía no me dejó entrar aunque era flexibilización porque soy persona con discapacidad y, según, no debo usar el Metro para no enfermarme del COVID. Eso fue lo que me dijo», me contó.
Este 3 de diciembre, como ya es costumbre en los últimos años, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS) realizará foros virtuales y otras acciones para dar a conocer la discapacidad. En estas actividades se describen todas las condiciones de los individuos con esta condición. Pero el resto del año, el Consejo incumple con sus funciones de fomentar mejoras en la calidad de vida de estos ciudadanos.
Como lo señalan los Artículos 54 y 55 de la Ley para Personas con Discapacidad, allí se leen sus responsabilidades de construir avances en la inclusión y no discriminación por condición de discapacidad, así como la intervención en las políticas públicas con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de esta población.
Venezuela en deuda
En la actualidad, Venezuela, por diversos motivos, sobrelleva múltiples dificultades como la pandemia por la COVID-19, la falta de medicinas, fallas en el transporte, ausencia de gasolina, inflación o hiperinflación inducida o no, pero igual alzas de precios frecuentemente en todos los bienes, en especial alimentos, cortes eléctricos en ciudades como Maracaibo, más intensos que en otras regiones.
Las personas de la tercera edad o con discapacidad y los pacientes crónicos somos los más afectados por la crisis socioeconómica que vive la República, registrando incluso pérdidas de vidas en el caso de las faltas de medicinas, pues muchos tratamientos no son cumplidos por no existir los fármacos en Venezuela, dejando ya una triste y nefasta lista de fallecidos por esa causa.
La carestía y escasez de alimentos agudizan las dificultades de las personas más vulnerables, los constantes cortes de energía eléctrica deterioran la salud de los pacientes crónicos, de las personas encamadas (individuos que no se pueden mover y permanecen en cama) y de la tercera edad. Además, complican la conservación de medicinas como la insulina que debe ser mantenida en bajas temperaturas, tarea difícil de cumplir sin el fluido eléctrico.
A 28 años del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado por la ONU en 1992 con el objeto de fomentar los derechos e inclusión en la sociedad de estos seres humanos históricamente excluidos en todo el mundo, en Venezuela las personas con discapacidad continuamos padeciendo penurias como la falta de acceso al empleo profesional por la desconfianza basada en el desconocimiento de la discapacidad.
En 1992, los Estados firmantes se comprometieron a desarrollar políticas públicas y programas que beneficien y equiparen las oportunidades de esta población vulnerable; así como cada 3 de diciembre a hacer un informe sobre los progresos en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Es evidente que nada de eso se cumple una muestra es la errónea política sanitaria por la pandemia que es excluyente por diversos motivos por el desconocimiento de las implicaciones que es vivir con una discapacidad.
«¿Qué hace un ciego en la calle?»
Quien suscribe este artículo no pudo ingresar al Metro de Caracas para ir al médico en las semanas de flexibilización porque el miliciano no me dejó pasar por ser ciego. “¿Qué hace un ciego en la calle? Usted se va a enfermar porque no ve. Si ya estás incapacitado, ¿para qué vas al médico?”.
Es evidente que se desconoce que los seres humanos con discapacidad vamos al control médico algo muy necesario y los Estados tienen la obligación de activar mecanismos de bioseguridad que permitan las actividades manteniendo las garantías sanitarias.
En Venezuela, jurídicamente, la Constitución Nacional de 1999, en su Artículo 81, estableció las garantías de los derechos de las personas con discapacidad y promueve la equiparación de oportunidades para permitir su desarrollo.
También han existido 2 leyes nacionales: La Ley de Integración al Incapacitado (1993) y la
Ley Para personas con Discapacidad (2007), además de resoluciones ministeriales, leyes regionales, y ordenanzas municipales. Además de firmar la declaración de las Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad del 03/12/1992 y en 2013 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambos tratados son Ley en nuestro país basados en el Artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana.
Allí se lee: todos los tratados y convenios firmados por la República son Ley de obligatorio cumplimiento por los tribunales y autoridades civiles y militares del país.
Todo queda en papel, pues una cosa es lo que se escribe y otra, la realidad.
@MOISESFQUINTERO
