Este domingo 8 de octubre se cumplen cinco años de la trágica muerte del exconcejal e integrante del partido Primero Justicia, Fernando Albán, quien murió cuando estaba en custodia de funcionarios de seguridad del Estado venezolano en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Plaza Venezuela.
Ese día, lo iban a presentar en tribunales; sin embargo, en horas de la tarde, los medios de comunicación informaban sobre la muerte de Albán. En ese entonces, el fiscal Tarek William Saab, aseguró que se trató de un suicidio porque el político presuntamente se lanzó desde el piso 10 de ese centro de detención.
La reacción inmediata de PJ es que no creían en la versión oficial, así como tampoco en la tesis del suicidio. Posteriormente, en un comunicado el partido afirmó que se trató de un asesinato y responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro, así como también a los efectivos del Sebin.
Organizaciones recuerdan a Albán y exigen justicia
Varias organizaciones recuerdan a Albán en el 5to aniversario de su muerte, entre esas, la ONG Fundaredes, la cual recordó que tras una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en 2021, desde instancias del Estado venezolano admitieron responsabilidades de funcionarios de bajo rango.
“Actualmente, los condenados están libres, el crimen permanece impune y sus familiares esperan encontrar justicia”, escribió Fundaredes y a la vez expresó que seguirá “alzando la voz de todas las víctimas del patrón de persecución política hasta que haya justicia”.
“El atroz e impúdico asesinato de Fernando Albán sucedió bajo custodia del Estado venezolano hace 5 años, la tarde del 8 de octubre de 2018, cayó al vacío desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Plaza Venezuela”, escribió la organización Justicia, Encuentro y Perdón.
Por su parte, el activista y defensor de los derechos humanos, Marino Alvarado, expresó que la investigación por la muerte de Albán “debe abarcar la directiva del Sebin para el momento en que ocurrieron los hechos” y afirma que ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo no investigan la cadena de mando.
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