José Ignacio Hernández, abogado que fungía como «procurador especial» del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hizo pública su renuncia al cargo este jueves.
Hernández aclaró que ya había renunciado el 28 de mayo y que la intención era hacer el anuncio la semana próxima con la designación de un nuevo equipo.
En una carta colgada en su cuenta de Twitter expresó que la decisión «responde a la imperiosa necesidad de implementar reformas institucionales profundas en el sistema judicial del Estado», indicando que se dedicará a la atención de proyectos de asesoría legal asociados a la «compleja transición venezolana».
Señaló que la oficina que representó cumplió con los objetivos derivados del artículo 15, literal «b» del Estatuto que rige la transición a la democracia «actualmente los litigios en contra de la República y sus entes descentralizados están estabilizados, y se logró definir la estrategia de defensa procesal en todos los litigios».
Resaltó que además se logró la suspensión de los casos de mayor riesgo, difiriendo lo que era en 2019 «una situación de riesgo inminente en contra de los activos de Venezuela por el default desordenado de la deuda pública heredada de Chávez y Maduro».
Hernández dijo que la oficina trabajó en coordinación con la junta directiva ad-hoc de Pdvsa y la del Banco Central de Venezuela para «avanzar en la estrategia de defensa de los activos del instituto emisor».
