El Observatorio Electoral Venezolano destaca la importancia del derecho al Acceso Universal a la Información a través de un análisis de este ámbito en el concierto electoral venezolano.
Este 28 de septiembre es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una efeméride adoptada en principio por la UNESCO, en 2015, y luego por la asamblea general de la Organización de Naciones Unidas, en 2019.
Cuando la ONU conceptualiza esta jornada expresa que ciudadanos informados pueden tomar decisiones informadas, por ejemplo, cuando van a las urnas de votación.
Solo cuando los ciudadanos sepan cómo son gobernados, podrán hacer que sus gobiernos rindan cuentas por sus decisiones y acciones. El acceso universal a la información es, pues, una piedra angular de sociedades del conocimiento saludables, democráticas e inclusivas.
“El acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Este derecho es parte integral del derecho a la libertad de expresión”, define Naciones Unidas. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en informar al público sobre temas de interés, pero también se basan en la capacidad de buscar y recibir información.
Los procesos electorales son uno de los eventos de más alto interés público en sociedad, porque alcanzan el potencial para movilizar a toda una nación en torno a un mismo objetivo durante una misma jornada. En consecuencia, deberían gozar de altos niveles de transparencia informativa y libre fujo de datos públicos. Pero en países como Venezuela solemos concurrir a dichos procesos desprovistos de información oportuna, veraz e imparcial.
Cuatro de cada diez participantes y cinco de cada diez abstencionistas de la elección del 21 de noviembre de 2021 en Venezuela aseguraron que el año pasado no había ocurrido un cambio de directiva en el CNE por otra nueva y menos desequilibrada en términos políticos, según un estudio de la firma Delphos encargado por el OEV (2021), aunque esa renovación de directorio sucedió en mayo de 2021.
Asimismo, por lo menos un tercio de los 1.200 entrevistados en el ámbito nacional creía que se había implementado un nuevo mecanismo de votación, lo cual no sucedió. Del mismo modo, casi la mitad de los 600 electores encuestados que no sufragaron ignoraba que se había realizado una auditoría integral de mes y medio al sistema automatizado de votación.
La “Guía Sobre Desinformación e Integridad Electoral” del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) define desinformación como la generación y difusión deliberada de información falsa para manipular la opinión pública. Si bien las campañas antidemocráticas de desinformación no son nuevas, las redes sociales e internet promueven la difusión de información en procesos electorales a velocidades, distancias y volúmenes sin precedentes.
Lo promueve, pero cuando intereses se superponen, también lo corta: las interrupciones intencionales de acceso a internet afectaron al menos a 52 elecciones del mundo entre 2016 y 2021, recoge el informe “Interrupciones del acceso a Internet” (2022) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sobre esta base, un estudio de la organización colombiana Linterna Verde conceptualiza la desinformación electoral como toda información falsa o engañosa sobre los procesos electorales que afecten directamente el ejercicio del derecho al voto.
Con sus matices y distintos grados de intensidad, la desinformación electoral es un fenómeno mundial, como afirma el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Al revisar específicamente el caso nacional, el CPJ se basa en un estudio de IPYS Venezuela que, tras la cuestionada elección parlamentaria 2020, identificó cuatro fuentes de desinformación: a) medios de comunicación oficialistas, b) periodistas cercanos al oficialismo, c) organizaciones políticas e instituciones como los partidos y la anterior administración del CNE, y d) dirigentes políticos y voceros de gobierno.
La Constitución, sin embargo, consagra en su artículo 143 el derecho que tienen los ciudadanos a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, los ciudadanos deberían tener acceso a los archivos y registros administrativos. En el papel no se permite censura alguna a los funcionarios públicos que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.
Pero la opacidad en Venezuela trasciende incluso del terreno electoral a prácticamente todos los ámbitos de la vida pública: desde la sanidad, en donde el boletín epidemiológico, brújula fundamental de la salud pública nacional, no está disponible desde hace más de cinco años, hasta la macroeconomía, expresada en la incógnita que significa el presupuesto de la nación, pasando por la abandonada práctica de divulgación de las memorias y cuentas ministeriales.
Así ha operado en el país. Si ampliamos el lente a la región, la plataforma ElectoralCheck, un proyecto de la UNESCO, IIDH-CAPEL y la alianza LatamChequea, ha documentado 10 casos tipo de desinformación electoral en América Latina y el Caribe:
- 1.- Las irregularidades en el proceso electoral no significa que haya fraude.
- 2.- El supuesto fraude organizado por las autoridades.
- 3.- La estrategia sobre los votos de las personas fallecidas.
- 4.- Desinformación sobre votación de personas no habilitadas.
- 5.- Manipulación para evitar votación o invalidación de votos.
- 6.- Desinformaciones sobre la documentación necesaria para votar.
- 7.- Desinformación sobre votos de ciudadanos en el exterior.
- 8.- Caos el día de las elecciones.
- 9.- Falsas encuestas.
- 10.- Falsas declaraciones de candidatos.
La savia de los datos
Uno de los motores que activa la vida diaria en la sociedad moderna es la información. Nos reduce las incertidumbres al tiempo que nos encausa hacia decisiones informadas, responsables y más conscientes de sus consecuencias.
El ejercicio de la ciudadanía en este tiempo pasa, sin duda, por el prerrequisito de tener a la mano información, pero información de calidad, curada, verificada y contrastada bajo estándares de responsabilidad social por parte de los emisores.
Aunque la información sea agua que hidrata la toma de decisiones, alguna sequía amenaza nuestro mundo. El porcentaje de gente que dice evitar las noticias, a menudo o a veces, ha aumentado bruscamente en todos los países.
El “Digital News Report 2022”, un informe anual del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, concluyó que la mayoría de entrevistados las evita, en primer lugar, porque “hay demasiado COVID-19 y demasiada política” y, en segunda instancia, porque “las noticias les producen un efecto negativo en su estado de ánimo”. Otro porcentaje significativo de personas jóvenes y menos educadas dicen que evitan las noticias porque “pueden ser complicadas de seguir o de entender”.
Los medios digitales y las redes sociales ofrecen una gama más amplia de información, pero a menudo este entorno puede resultar abrumador y confuso. En todos los mercados, dice el estudio, más de la mitad (54 %) de encuestados dice estar preocupado por identificar qué es real y qué es falso en internet cuando se trata de noticias. Las regiones con los mayores niveles de inquietud al respecto, África y América Latina, se corresponden estrechamente con el consumo elevado de noticias en las redes sociales.
En esto el ecosistema venezolano, una vez más, tiene sus particularidades: un estudio de Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, divulgado a propósito de la elección regional y municipal 2021, decía que tres de cada cuatro medios de comunicación social en Venezuela evitaban abordar la fuente política. De manera coincidente, tres de cada cuatro medios retransmitían las alocuciones oficiales, aunque no hubiese convocatoria a transmisión obligatoria. Es el avance del monopolio de la palabra que caracteriza el fenómeno de la hegemonía comunicacional.
La transparencia en la financiación política de las campañas y de los partidos políticos pasa por exigir la divulgación de informes de gastos y los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos y candidatos a fin de fomentar el escrutinio público y el voto informado de los electores.
En contravía a estos principios constitucionales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló en sentencia del año 2011 la confidencialidad de la información sobre la financiación de las campañas. Así resolvió una acción interpuesta por un periodista venezolano en 2010, contra lo que denominó “una negativa tácita” del CNE de permitirle acceder a información pública que reposaba en los archivos de esa institución.
También en contravía, la controvertida Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público (2021) “no se ajusta a las mejores prácticas internacionales en materia de libertad de prensa, ya que exige justificar las solicitudes de acceso a la información”, como apuntaba la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) en 2021.
Entonces, ¿qué otras acciones, además de las ya señaladas, se pueden aplicar a favor del derecho de la gente a saber? El manual de la UNESCO “Cómo contrarrestar la desinformación electoral” (2022) identifica tres puntos centrales que los organismos electorales, en nuestro caso el Consejo Nacional Electoral (CNE), debe tener en cuenta a la hora de enfrentar este fenómeno:
El primero, que hay una necesidad de identificar las desinformaciones, corroborar efectivamente que no sea información cierta y conocer cuál es la fuente de esa desinformación, para un autentico acceso la información
El segundo, que es preciso focalizar en el público destinatario de esa desinformación, es decir, quiénes se pueden ver influenciados por estos contenidos.
Y el tercero, que es menester actuar sobre el medio donde el acceso a la información se reproduce y potencia exponencialmente. Combatirla en el mismo campo de batalla donde se produce y reproduce.
Con políticas informativas más robustas sería posible combatir, en el presente y hacia el futuro, la desconfianza que una parte del electorado mantiene sobre su sistema de votación y sobre las elecciones en general. necesitamos (acceso a la información)
En el pasado, se hubiesen podido evitar fallas problemáticas como los cambios en listas no informados al electorado previo a la elección parlamentaria 2020 o las renuncias y sustituciones del sistema de postulaciones tampoco informadas al electorado previo a la elección regional y municipal 2021, por citar dos temas dentro de tantos otros posibles. Nuestro órgano electoral venezolano tiene entre sus disposiciones legales la de la transparencia.
De lo que se trata, y con esto cerramos, es que todos los actores del proceso, empezando por el árbitro, ofrezcan la mayor cantidad de información de calidad posible para abono de la integridad electoral: comunicar todo lo que hay que comunicar para que la desinformación no compita en las elecciones.
