Este 28 de setiembre se conmemora el derecho al Acceso Universal a la Información. Varias organizaciones que velan por este derecho ciudadano en Venezuela se congregaron en un foro titulado «derecho a saber», desarrollado en la tarde de este miércoles.
Integrantes de Provea, Civilis Derechos Humanos. Wola, Espacio Público, Instituto de Prensa y Sociedad y Laboratorio de Paz, aprovecharon el encuentro para poner énfasis que reflejan el creciente y sostenido déficit de acceso a la información pública que ha prevalecido en Venezuela en los últimos 20 años.
Los foristas coincidieron en afirmar que las restricciones y limitaciones de acceso a la información pública incide negativamente también el goce y exigencia de otros derechos humanos como la salud, servicios básicos, alimentación y seguridad.
En el caso del contexto venezolano, Marielena Balbi, directora de IPYS Venezuela, por ejemplo, indicó que «en Venezuela no existen garantías ciudadanas para el acceso a la información pública», y por tanto el ciudadano o las comunidades quedan indefensas y en desconocimiento de cómo exigir la garantía de algún derecho.
De hecho, de 75 solicitudes de información hechas a instituciones públicas, el 76% no tuvo respuesta; o niegan la información o no aceptan siquiera las peticiones.
En lo que llamaron también «visión compartida, el director de la ONG Espacio Público Carlos Correa, refirió que en el reciente informe de la organización sobre este ámbito ´se refleja que existe «una política de opacidad y secretismo de la información a manos del sector público. Esto demuestra que la existencia de una norma no es garantía suficiente para desarrollar una política de transparencia».
Desde el 20 de sep de 2021, hasta ago de 2022, de 75 solicitudes de información, el 76% (57 solicitudes) nunca obtuvieron respuesta. Para este estudio, hicimos una comparativa entre peticiones hechas por Espacio Público y por las comunidades
— Espacio Público 🗣️ (@espaciopublico) September 28, 2022
Detalles en:https://t.co/jEzQ1kaQQp
El caso más reciente: el informe de la Misión de la ONU
En el evento también se trató el caso más reciente y llamativo de negativa por parte de las instancias del Estado de suministrar información y datos en términos de gestión pública, sobre todo en el área de las investigaciones penales y aplicación de justicia: los requerimientos de la Misión Independiente de Verificación y Determinación de Hechos de la ONU.
Según los datos aportados por Correa, la Misión envió 23 solicitudes al Estado venezolano y no recibió respuesta de ninguna de estas peticiones.
El activista destacaba la gravedad de este «silencio gubernamental» en virtud de que Venezuela pertenece al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y por tanto está obligada a cumplir con esta prerrogativa.
Bloqueo a portales y cierre de radios
Otro tema relacionado directamente al derecho al acceso universal a la información que trataron en este foro es el relacionado a la censura que por diferentes vías y organismos estatales se le ha aplicado a medios de comunicación, como portales digitales y emisoras de radio.
Los panelistas comulgaron en la idea común de reflejar que esta práctica de bloqueos de páginas web informativas y clausura de estaciones de radio obedece a «un patrón estatal de restricciones que busca imponer el miedo».
En este tema, el director de Espacio Público aseveró que desde el 2003 hasta la fecha se han cerrado 300 medios de comunicación, lo que significa el padecimiento de un sensible déficit comunicacional y por ende del derecho a la información de la ciudadanía.
Por último, señalaron que esta práctica se mantiene en Venezuela con importantes visos de que se seguirá acentuando en todas las regiones.
