El pasado 15 de agosto se dio inicio a la operación militar Escudo Bolivariano Autana I 2022 en el estado Bolívar. En el procedimiento, mineros legales acusaron a militares venezolanos de violar sus derechos.
El operativo estuvo bajo el mando del General de Brigada Yulmer Rafael Ochoa, comandante la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 62.
La ZODI informó que el objetivo de este operativo es de “desmantelar grupos subversivos y guerrilleros” que operan en la zona (Eje fronterizo en el estado Bolívar).
Según una publicación en redes sociales este operativo tendrá el fin de realizar patrullaje aéreo, terrestre y fluviales para garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.
Asimismo, permitir posibles incautaciones de material narcótico, explosivos, armas de fuego, municiones, neutralización y desmantelamiento de terroristas armados, narcotraficantes colombianos o cualquier otro tipo de organización dedicada a la actividad ilegal
Rechazo
Sin embargo, la realidad es otra para los habitantes de las comunidades del sur del estado Bolívar.
Karina Ríos, residente de la comunidad de Las Minas en el kilómetro 50, jurisdicción del municipio Sifontes del estado Bolívar, habló en nombre de los habitantes y denunció presuntos abusos y violación a sus derechos durante la ejecución de la operación militar.
Los mineros pidieron la intervención del presidente Nicolás Maduro y aseguraron que todos tienen su documentación legal para laborar y están avalados por la Corporación Venezolana de Minería (CVM).
Por su parte, Zaida Vahliz, diputada al Consejo Legislativo del estado Bolívar, exhortó a la Fuerza Armada Nacional a no extralimitar sus funciones contra el pueblo minero.
Entre tanto, la Asociación Civil Control Ciudadano indicó que la credibilidad de una operación contra la minería ilegal debe ser sostenida en el tiempo con respeto a los derechos humanos.
