Ali Daniels, codirector de la organización Acceso a la Justicia, citó cifras oficiales de las Naciones Unidas (ONU) y aseguró que en el 2022 las ONG manejaron en ayuda humanitaria un total de 300 millones de dólares, lo cual representa apenas el 10 % de un caso de corrupción.
Recordó que se dice que el caso más pequeño de corrupción es de 3 mil millones de dólares.
Estas declaraciones hacen alusión a la discusión de dos proyectos de ley en contra de las ONG por parte de la Asamblea Nacional que alegan que están “lavando capital”.
“Ahí uno se da cuenta de que el Estado está más pendiente de perseguir a las ONG que de luchar contra la corrupción, cuando lo que manejan las ONG de ayuda internacional para el paliar la emergencia humanitaria es una fracción de un pequeño caso de corrupción entre los tantos que hay”, manifestó Daniels en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias.
Sistema de justicia es escogido “a dedo”
Por otro lado, destacó que en un país donde los jueces no son de carrera, sino nombrados “a dedo”, donde no juzgan, sino que obedecen, o donde el Poder Judicial “no es imparcial e independiente”, leyes como la de Extinción de Dominio se pueden prestar como elementos de persecución.
“Lo vimos con esta ley que se acaba de aprobar que dice expresamente que a abogados o a profesionales que hayan colaborado con el manejo de bienes en el exterior les van a aplicar la Ley de Extinción de Dominio. Ya se está evidenciando cuál es la verdadera intención”, comentó.
Indicó que Colombia es un ejemplo de una correcta aplicación de dicha ley, porque cumplen con las formalidades constitucionales y legales, así como con el debido proceso, sin utilizarla para perseguir. Igualmente, porque el Poder Judicial es una institución muy respetada, con jueces de carrera y con garantías de independencia y estabilidad.
Transparencia y organización para combatir la corrupción
Daniels resaltó que le llama la atención que no se informe a cuánto asciende el número de bienes recuperados ni cuánto es el monto de los actos de corrupción. Sugiere que es necesario saber cuál es el destino de los bienes, cuáles son y cuál organismo público los administra, porque no se puede luchar contra la corrupción sin transparencia y esos datos darían una idea de si es mucho o poco lo recuperado.
Enfatizó que es necesario documentar los abusos, sembrar sociedad, crear tejidos sociales, fortalecer y darle una base social a la organización, como ya se está haciendo en muchas zonas populares, para generar una contraloría verdadera donde las comunidades puedan denunciar y las autoridades se vean obligadas a actuar.
“Estoy convencido de que la enorme mayoría del pueblo venezolano es gente honesta, que trabaja y que no quiere favores, sino que les den las libertades mínimas para poder ganarse el pan y mantener a su familia de una manera digna y honrada. Pero necesitamos que el Estado ayude y no obstaculice”, aseveró.
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