Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, consideró que la imposición de multas por parte del Tribunal Supremo de Justicia a jubilados y a seis universidades públicas por solicitar la nulidad del instructivo Onapre, es la demostración de que en el país no existe el “Estado de Derecho”.
Este martes 6 de septiembre en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias dijo que los primeros en ser multados fueron jubilados del Ministerio Público y que las multas están valoradas en 50 dólares, es decir, mucho más de lo que reciben como sueldo.
“Como sabemos, hablar de un pensionado o jubilado en Venezuela es hablar de estreches económica, de limitaciones, de pobreza. Entonces multar a alguien con un monto que es mucho mayor que su pensión, es un abuso”, manifestó.
Un caso “confuso”
Daniels expresó que la situación es difícil de explicar por la “actuación confusa” del TSJ, porque en los casos de la ULA y la UCV los recursos habían sido admitidos en el mes de julio.
“Es decir, que en el mes de julio la Sala Político Administrativa, el mismo ponente que decidió en la sentencia hace unos días, dijo que se habían cumplido con todos los requisitos para cumplir el recurso y los admitió. Pero ahora, sorpresivamente, se dictan dos nuevas sentencias diciendo que como el acto era inexistente, ahora es inadmisible”, explicó.
El abogado afirmó que la decisión “no tiene sentido”, ya que en julio los recursos sí eran admisibles, y ahora no lo son, alegando además que el acto no existe.
El director de Acceso a la Justicia aseguró que el tema ahora no solo es si existe o no el instructivo, sino la disminución del sueldo que han vivido todos los trabajadores del sector público, al igual que sus beneficios.
“Lo importante es que se están violentando los derechos de los trabajadores del sector público. Los afectados son los trabajadores. No es que exista o no el instructivo”, resaltó.
Por otro lado, opinó que “si en Venezuela existiera un Poder Judicial independiente lo primero que habría que hacer es ordenar la suspensión de las escalas salariales que se han impuesto de manera unilateral por parte del Ejecutivo nacional”.
Asimismo, explicó que el derecho violado es que se les ha quitado a los trabajadores sus sueldos acordados a través de los acuerdos colectivos.
