En el marco de la sentencia emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la cual dejó sin efecto las primarias opositoras del 22 de octubre, el abogado y director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, opinó que la arremetida corresponde a una movida política más que una sentencia fundamentada.
“Hay que explicar que las primarias no fueron anuladas. Lo que ocurrió fue que, ante un recurso contencioso electoral interpuesto por un diputado oficialista, se declaró con lugar un amparo cautelar. Es una decisión temporal que dejó sin efecto a las primarias. Ahora bien, lo que hemos dicho varios abogados es que no tiene sentido dejar sin efecto algo que cuyos efectos ya se han verificado”, explicó el jurista.
Estamos hablando de que ya las primarias se realizaron, las personas votaron, se totalizaron los votos y se proclamó un ganador. De modo que no tiene sentido dejar sin efecto un hecho consumado. Es una sentencia con intencionalidad política, ya que el TSJ se mantiene al servicio del poder”, agregó.
En este sentido, también miró con suspicacia que la sentencia fuese emitida el mismo día que el Ministerio Público citó a los miembros principales de la Comisión Nacional de Primarias, luego de que la Fiscalía General de la República ordenará el inicio de una investigación en torno al proceso por los delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Hasta el momento, los máximos exponentes del Poder Ciudadano y Judicial del país han arremetido contra el proceso; sin embargo, Daniels manifestó que los delitos imputados carecen de fundamento jurídico.
¿La Comisión Nacional de Primarias incurrió en un delito?
Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, y Mildred Camejo, vicepresidenta, fueron citados ante el Ministerio Público en calidad de investigados. Enfrentan al menos tres cargos concernientes a delitos electorales.
En este sentido, Daniels aseguró que no hay asentamiento jurídico para acusar a los ciudadanos de haber cometido un delito. Enfatizando en que no hubo ningún tipo de usurpación de funciones en torno al acto.
“La usurpación de funciones implica que alguien se haga pasar por funcionario público. Por ejemplo, una alcabala falsa con personas disfrazadas de funcionario. Eso es usurpación de funciones. En ningún momento la comisión dijo que iba a actuar en nombre del Consejo Nacional Electoral (CNE) o yo soy el Consejo Nacional Electoral. De hecho, la comisión se reunió con el CNE que fue disuelto, en esas reuniones nunca dijeron que estaban usurpando funciones. Ahora dicen que el CNE es el único que puede hacer elecciones, eso no es cierto. La Constitución no dice eso. Pero, además, la comisión se reunió con el CNE y nunca se dijo que se estaba usurpando algo”, dictaminó el jurista.
Con respecto a la usurpación de identidad, ahondó en que si alguien votó haciéndose pasar por otra persona eso no es responsabilidad de quienes organizaron la elección.
“El tema de legitimación de capitales: yo, como muchos venezolanos, participé en las primarias y puedo hablar de la precariedad de esas elecciones. Yo voté en una casa de familia. Fue un acto totalmente voluntario donde los particulares aportaron sus bienes para un bien común. Una de las mesas de votación era una mesa de planchar. ¿Cómo se puede hablar de legitimación de capitales? No hay ninguna sustentación”.
Acuerdos de Barbados continúan sin violentarse
Durante el mes de octubre, la Plataforma Unitaria Democrática y la administración de Nicolás Maduro firmaron unos acuerdos en Barbadas, esto en el marco de una negociación que logró la liberación de cinco presos políticos y el levantamiento de sanciones económica para Venezuela.
Entre los acuerdos, se exigía al oficialismo venezolano permitir que cada facción política del país pudiese usar los mecanismos de su preferencia para la elección del candidato que lo representará en las presidenciales del 2024. Así como ofrecer garantías electorales a los ciudadanos.
Sobre esto, venezolanos afectos a la oposición denuncian que los pactos fueron violados tras el ataque que han tenido los poderes públicos contra los comicios.
“Eso es un elemento que hay que analizar. El Departamento de Estado ha llamado a Venezuela a cumplir con los acuerdos. Esto tiene que ver con el hecho de que directamente no se anularon las primarias, sino que se suspendieron sus efectos. El juego de palabras en el derecho internacional es importante. En el momento en que Nicolás Maduro o su canciller digan que no reconocen las primarias, allí se podría hablar del rompimiento de los acuerdos alcanzados. Allí lo estaría rompiendo quien entabló el compromiso. El compromiso no fue con el TSJ, sino con el gobierno. Hasta ahora, ninguno de los voceros autorizados ha desconocido las primarias. Es una zona muy pequeña, un hilo muy fino. La posición no es del gobierno, sino del TSJ que formalmente, aunque sepamos que no es así, no representa al gobierno venezolano”, sentenció Daniels.
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