El Observatorio Venezolano de Violencias OVV LGBTIQ+ aseguró que el allanamiento ejecutado el pasado fin de semana en un sauna frecuentado por personas sexodiversas en Barquisimeto, estado Lara, refleja una práctica reiterada de hostigamiento y persecución contra esta población en Venezuela.
Así lo manifestó Andreina Colmenares, abogada e integrante de la organización, en conversación con la periodista Adriana Tovar en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, al referirse al procedimiento en el que una treintena de hombres fue retenida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
“Ya se había repetido antes, específicamente en la ciudad de Valencia. Es una práctica, si se quiere, reiterada de hostigamiento o de persecución en contra de las personas de la comunidad LGBTIQ+”, señaló.
Sin embargo, valoró las actuaciones emprendidas por el Ministerio Público tras los hechos, que derivaron en la privación de libertad de seis funcionarios presuntamente involucrados en el procedimiento.
“Aplaudimos las medidas que se tomaron desde el Ministerio Público y desde la nueva dirección del fiscal general Larry Devoe, justamente para sancionar a estos funcionarios que de manera arbitraria hicieron este allanamiento ilegal”, expresó.
Violación a la privacidad
Colmenares sostuvo que durante el procedimiento se hicieron referencias a un supuesto “delito de homosexualidad”, una figura que, según recordó, no existe en la legislación venezolana.
“Hablaron de supuestos como el delito de homosexualidad que no existe ni está contemplado en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó.
Asimismo, indicó que la actuación policial afectó la privacidad de las personas retenidas y las expuso al escrutinio público.
“Atentaron contra un recinto privado que cumplía con las normativas y, obviamente, contra la privacidad porque de una u otra manera entendemos que este tipo de situaciones exponen al escarnio público”, agregó.
Los estigmas dificultan las denuncias
La representante del OVV LGBTIQ+ señaló que han documentado situaciones similares no solo en establecimientos privados, sino también en espacios públicos como plazas y centros comerciales.
A su juicio, los prejuicios y estigmas presentes en distintas instituciones dificultan que las víctimas denuncien las vulneraciones de sus derechos.
“Entendemos que hay una situación de mucho estigma, de muchos prejuicios que abordan todo el aparato de justicia, desde los tribunales, la fiscalía, los órganos policiales y así sucesivamente, lo que genera una barrera al momento de tratar de hacer un proceso de denuncia”, apuntó.
No obstante, destacó como un avance la creación de la Fiscalía 98, con competencia en protección de derechos humanos y diversidad de género.
Piden sensibilización y políticas públicas
La abogada exhortó a implementar políticas públicas orientadas a la sensibilización y el respeto de los derechos de las personas LGBTIQ+.
También alertó sobre otras formas de violencia que afectan a esta población, entre ellas las terapias de conversión, la discriminación dentro de los propios entornos familiares y la violencia intragénero.
Hizo énfasis en que estas situaciones hacen más complejo el proceso de garantizar plenamente los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+ en el país.
Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.
