Distintas organizaciones sociales que hacen vida en El Salvador piden al cuerpo Legislativo ratificar el Acuerdo de Escazú. Con este objetivo, las organizaciones lanzaron una campaña desde el 26 de abril.
La campaña es denominada Centroamérica por Escazú, cuyo objetivo es incidir en la decisión de los Gobiernos para que se suscriban al Acuerdo. En caso que ya lo estén, solicitan la ratificación de apego a este instrumento.
Pedro Cabezas, de la Alianza Ciudadana Frente a la Minería (Acafremin), dijo que como ciudadanos están en el deber de promover y educar a la población para demandar que los Gobiernos aprueben la adhesión al instrumento. Además, considera que la sociedad civil debe empoderarse acerca de este tema.
Por su parte, Julio González, la ONG Madre Selva de Guatemala, denunció que existe una criminalización de los defensores ambientales. También culpa al Gobierno de Guatemala de instaurar a la fuerza el modelo extractivo que atenta contra la cultura, la ecología y los Derechos Humanos.
De acuerdo con los voceros de las organizaciones no gubernamentales, el Acuerdo tiene un apartado especialmente dedicado a la protección de los defensores ambientales. Su adopción por parte los Estados contribuiría a que exista un financiamiento para la implementación adecuada de las medidas de prevención.
Acuerdo de Escazú, primer instrumento para la protección ambiental
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe. Además, es el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Por ahora, en Centroamérica solo dos países han adoptado esta medida: Belice y Nicaragua. Mientras que los Gobiernos de Honduras, Guatemala y Costa Rica se han mostrado reacios a firmarlo.
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