Amnistía Internacional denuncia que el Estado confinó a migrantes retornados en condiciones inhumanas

Referencial

En su nuevo informe, Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américasla organización documenta cómo las autoridades venezolanas han sometido desproporcionadamente a personas migrantes y refugiadas, gente que ha vuelto a sus países de origen y comunidades de bajos ingresos a cuarentenas gestionadas por el Estado.

Entre las inhumanas condiciones que mencionan en el informe están las de insalubridad, falta de alimentos, sin agua ni asistencia médica suficientes, lo que puede constituir malos tratos. 

“Las terribles condiciones tienden a convertirlos en espacios contraproducentes donde se corre el peligro de contraer COVID-19”, sostiene la organización.

El estudio destaca también las situaciones en dos países además de Venezuela: El Salvador y Nicaragua.

Enel caso venezolano el trabajo documentado refleja que el Estado ha detenido a decenas de miles de personas en centros de cuarentena inadecuados, los llamados PASI, y sin garantías suficientes frente a violaciones de derechos humanos, lo que puede ser constitutivo de malos tratos, y con el riesgo de que las detenciones sean arbitrarias.

Vale recordar que la mayoría de los migrantes retornados que entraban por los puestos fronterizos legales era ubicada en planteles educativos que fueron habilitados como centros de albergue.

Desde el mes de abril y hasta el mes de agosto fueron constantes las protestas de los albergados que reclamaban que en algunas ocasiones llevaban más de dos meses sin poder llegar a sus destinos de origen.

La directora de AI para las Américas, Érika Guevara Rosas, señala que “cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y  las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva”.

Datos del estudio

A finales de agosto, según datos oficiales, las autoridades venezolanas han sometido a cuarentena a unas 90.000 personas que habían regresado al país tras quedarse sin empleo y sin casa en países vecinos como Colombia y Perú, y las han enviado a centros de confinamiento bajo control militar que son insalubres y, en ocasiones, inhumanos.

Amnistía Internacional ha examinado y verificado decenas de vídeos disponibles en redes sociales o enviados directamente a la organización, en su mayoría grabados por personas recluidas en centros de confinamiento obligatorio, incluidos almacenes, polideportivos y otras instalaciones, y en los que describen sus condiciones de alojamiento.

Además, realizó 14 entrevistas telefónicas y examinó decenas de leyes, políticas y protocolos sobre confinamiento y aplicación de cuarentenas obligatorias recientemente aprobados, documentos judiciales e informes de observadores y periodistas independientes.

También llaman la atención sobre la violación del derecho a la información de los migrantes y del requisito impuesto por el derecho internacional de los derechos humanos de que toda medida de privación de libertad, aun cuando tenga la finalidad de proteger la salud pública, debe estar prevista en la ley y ser necesaria, proporcionada y de duración limitada.

Esta conclusión se desprende de los datos que obtuvieron aportados por los propios perjudicados, muchos de los cuales llevaban en cuarentena bastante más tiempo de los 14 días recomendados actualmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en algunos casos, más de un mes.

Las personas sometidas a cuarentena no tenían acceso suficiente a información sobre cuánto tiempo estarían recluidas ni sobre los criterios científicos aplicados en un momento dado para determinar su salida del aislamiento o confinamiento.

El informe concluye que aunque estos gobiernos hayan tenido que reaccionar rápidamente ante una pandemia sin precedentes, la imposición de cuarentenas gestionadas por el Estado se ha caracterizado por la arbitrariedad, sumada a su aplicación por fuerzas policiales y militares.