AI: países de AL “incumplen obligaciones internacionales” con los migrantes

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Migrantes

Colombia, Ecuador, Perú y Chile “incumplen sus obligaciones internacionales” en lo que respecta a proteger a las personas que huyen de Venezuela debido a la crisis humanitaria y las violaciones de derechos humanos en ese país. Así lo expresa Amnistía Internacional en su nuevo informe Regularizar y proteger: Obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas.

El informe de Amnistía Internacional destaca que estos cuatro países albergan a casi el 70 % de los 7,3 millones de ciudadanos venezolanos que han salido del país, lo que se compara con los éxodos de la guerra en Siria o la migración en el Mediterráneo occidental.

La organización señala que estos países enfrentan “varios problemas comunes”, como limitaciones en el acceso a servicios básicos, demoras en la regularización de la situación migratoria y la falta de protección adecuada para los refugiados, según la Declaración de Cartagena de 1981.

En cuanto a la figura del asilo, Amnistía Internacional enfatiza que los países estudiados “no priorizan su uso”, dejando de lado la definición ampliada de la Declaración de Cartagena en sus legislaciones nacionales.

El informe también resalta que los programas de protección temporal para los migrantes venezolanos son poco accesibles, con “criterios imposibles de cumplir” y restricciones en áreas como la educación y el trabajo. De esta manera afectan a las personas desplazadas forzosamente.

“Los Estados deben garantizar el derecho de solicitar asilo, reconociendo que las personas venezolanas pueden ser refugiadas. Eso requiere reforzar sus sistemas de asilo. Cualquier programa de protección temporal o medida de regularización debe cumplir un mínimo de garantías y garantizar el principio de no devolución”, afirmó Adeline Neau, investigadora para las Américas de la organización

Amnistía Internacional hizo un llamado a la región para “redoblar esfuerzos” y brindar respuestas “adecuadas” ante la magnitud de la crisis, “cumpliendo con los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados”.

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