El Coordinador de Fronteras del Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica, Roy Arias Cruz, considera que es “una emergencia humanitaria muy importante”, el cruce de personas por la selva de el Darién.
“Es una crisis y una emergencia humanitaria muy importante con evasiones bastantes significativa por parte de los gobiernos”, dijo en el programa De Primera Mano por Radio Fe y Alegría Noticias.
Arias explicó que la selva del Darién es una zona de tránsito de mucho riesgo por lo cual a las personas que pasan por allí se les debe garantizar más atención médica, mejores condiciones en cuanto al hospedaje o un albergue, que les brinde la posibilidad de tener un buen descanso para poder recuperarse y seguir su camino.
“Que las personas que crucen y que vayan hacia Estados Unidos tengan las condiciones mínimas de asistencia humanitaria que usualmente son vulneradas por todas las condiciones que tiene la ruta”, agregó.
De hecho, ya se ha registrado el caso de personas que han quedado varadas entre Costa Rica y Panamá. La semana pasada se llegó a tener 12 mil personas atrapadas por falta de dinero para costear el pasaje en bus hasta Nicaragua. Son personas que se quedan varadas en condiciones precarias y difíciles al verse imposibilitados de costear también gastos de hospedaje, atención médica, alimentación e hidratación.
Sobre este hecho, Cruz precisó que las personas, cuando pasan por la selva del Darién muchas veces terminan asaltadas y despojadas de todos sus recursos, razón por la cual se quedan sin dinero.
Además, a las personas para avanzar en su camino les solicitan usar un transporte público que son unos buses que van a la frontera con Nicaragua por un costo de 32 dólares por persona, lo que resulta difícil de pagar, sobre todo para grandes grupos familiares.
¿Qué piden los migrantes?
En definitiva, la primera necesidad que plantean las personas que migran es tener acceso a un transporte que les permita llegar a Nicaragua de manera más económica, segura y que los niños puedan ser exonerados para que los grupos familiares puedan avanzar. Y, por supuesto, contar con servicios médicos y de alimentación.
De igual manera, según Cruz, es necesario que hayan más medidas de protección internacional para que todas las personas que soliciten refugio puedan contar con dicha medida jurídica.
¿Qué ofrece el gobierno de Costa Rica a las personas que están en tránsito?
En los últimos meses, el gobierno de Costa Rica ha decidido permitir el tránsito para que la gente pueda avanzar. Entonces, se puede asegurar que no es una frontera cerrada, si no que por el contrario hay una facilidad de ingreso y tránsito.
“A las personas que vienen de Panamá no se les pide ningún requisito de ingreso al país”, explicó Cruz.
Aunque hay un albergue administrado por el gobierno donde las personas pueden permanecer hasta dos noches y tres días en buenas condiciones con servicios disponibles atención médica y alimentación, Cruz aseguró que aún no logra cubrir toda la población que está en tránsito por lo que tienden a ser priorizadas las mujeres embarazadas, enfermos y familias con muchos niños y niñas que llegan muy afectados al haber pasado la selva del Darién.
Por lo tanto, un porcentaje que no accede a este albergue, desafortunadamente debe permanecer en situación de calle.
¿Se ha logrado un abordaje más regional?
“Las posturas de los gobiernos centroamericanos siguen siendo evasivas y casi una voluntad de no protección”, señaló Cruz.
Esto ha generado una situación permanente de violación a los derechos humanos a personas que migran forzadamente ante la decisión de cada gobierno de no acompañar.
Mientras tanto, las organizaciones sociales que se encuentran en la frontera están en una lucha permanente de apostar a un trabajo de coordinación transfronterizo y binacional, al menos con Panamá, para ofrecer a la gente que está cruzando Centroamérica unas condiciones de dignidad.
Costa Rica, que comparte frontera con Nicaragua y Panamá, ha logrado con este último país conformar una comisión interinstitucional que involucra autoridades de ambas naciones para brindar una asistencia de apoyo y protección internacional pero son mínimas.
En cambio, con Nicaragua la situación es más compleja y difícil debido a la disposición del Gobierno de Daniel Ortega, “cuya posición ha sido no proteger, no atender e incluso prohibir todo tipo de acción y respuesta humanitaria en favor de las personas migrantes”.
Por lo tanto, ofrecer a la gente las mínimas garantías y protección de sus derechos es complejo.
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