La nueva Ley Simón Bolívar establece cárcel, inhabilitación política, confiscación de bienes y hasta expulsión del país. También se creará un registro de sospechosos.
La Asamblea Nacional aprobó este jueves 28 de noviembre el instrumento con el que serán sancionados los que pidan, promuevan o respalden sanciones contra Venezuela.
“Hay momentos en que los países deben tomar decisiones complicadas como la que vamos a tomar el día de hoy, pero lo más importante es que se haga con grandeza de espíritu. Hay nerviosismo por lo que aquí se aprobará hoy”, dijo el diputado del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), Roy Daza, al inicio de la discusión de los artículos.
Inhabilitación política
Esta ley, en su artículo 9, establece que “no podrán postularse a cargos de elección popular en el momento previo a los comicios quienes hayan participado en la solicitud, respaldado, invocado o promovido, sanciones internacionales por parte de agentes extranjeros, obtenido lucro en la ejecución de medidas administrativas (congelamiento, embargo, confiscación) de activos de la República; invocado acciones armadas que afecten la soberanía nacional, así como ataques cibernéticos”.
En el artículo 13 se lee que la inhabilitación política será hasta por 60 años para ejercer cargos públicos como pena accesoria a la condena impuesta por un juez.
Entre tanto, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, pidió que la inhabilitación llevara la palabra perpetua o vitalicia, pero la comisión de revisión no lo consideró.
Sin embargo, Rodríguez exigió que no se esperara a la condena para inhabilitar a la persona por atentar contra la República, sino que se le impidiera optar por cargos públicos desde el inicio del proceso judicial.
“Es mucho más grave que una inhabilitación administrativa por la Contraloría General de la República; es un atentado contra el Estado, contra la República, contra el territorio y contra la gente. Así, no”, protestó Rodríguez.
¿Quién inhabilita?
La Contraloría General sigue con la responsabilidad de inhabilitar, por solicitud de un tercero, a las personas naturales que ocasionen daños al patrimonio público.
Se establece que será notificado a través de los medios disponibles, con derecho a pedir reconsideración durante los 15 días siguientes a dicha notificación y ejercer un recurso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En el articulado también quedaron especificadas las penas de cárcel para quienes incurran en los delitos que remarca la ley por promover o respaldar sanciones.
El artículo 11 fija prisión de entre 25 y 30 años, más una multa de 100.000 a un millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Entre tanto, el artículo 12 establece el mismo castigo para quienes incurran en actos contra la soberanía nacional e integridad territorial, e instiguen acciones armadas o de fuerza por parte de agentes extranjeros, grupos de Estados o corporaciones internacionales.
Expulsión del país
En el artículo 14 se autoriza la expulsión del país de las personas naturales de nacionalidad extranjera que soliciten o apoyen las sanciones, además de la prohibición de reingreso al territorio nacional.
Las acciones para investigar y sancionar a quienes pidan o apoyen las sanciones serán “imprescriptibles”, de acuerdo con el artículo 16. Mientras que el artículo 17 señala que los acusados no recibirán medidas alternativas al cumplimiento de la pena.
Juicios en ausencia
Esta nueva norma permite los juicios en ausencia y quedaron aprobados en el artículo 18, en caso de que los acusados se nieguen a asistir a las mismas.
Sanciones contra medios de comunicación
No solo las personas son objeto de la ley. También se aplicará Ley de Extinción de Dominio (confiscación de bienes) para las conductas sancionadas por la ley según el artículo 19.
Los medios de comunicación radioeléctricos, impresos, electrónicos y redes sociales no quedaron fuera de la normativa, puesto que si se considera que difunden mensajes en apoyo a las sanciones internacionales, serán castigados con revocatoria de la concesión y multas entre 100.000 y un millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor establecida por el BCV.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se encargará de sustanciar los procedimientos contra medios radioeléctricos y electrónicos, mientras que el Ministerio del Interior y Justicia se encargará de los impresos.
En el caso de las redes sociales y algunos medios electrónicos sin sede en el país, se agregó la revocatoria del permiso para operar en Venezuela sin menoscabo de sanciones penales.
Registro nacional de “sospechosos” para la Ley Simón Bolívar
La nueva legislación crea un registro de identificación de las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, sospechosas de pedir y promover sanciones.
Esto con el fin de imponer restricciones económicas como castigo, dirigidas a “mitigar” los perjuicios de sus acciones.
Dichas medidas pueden ser, según el artículo 23:
Congelamiento preventivo de activos; prohibición de contratar con la República o sus entidades descentralizadas; suspensión del registro nacional de contratistas; prohibición de exportar e importar mercancía; prohibición de operaciones compra y venta de bienes muebles e inmuebles, naves y aeronaves; prohibición de constituir sociedades mercantiles; prohibición de entrada al país y suspensión de visas.
“Si están en el país, serán expulsados de inmediato y se les aplica la ley de extinción de dominio”, agregó el diputado del Psuv, Carlos Mogollón.
“Es una ley para la protección de nuestro pueblo, el territorio, nuestra historia, el legado para las generaciones por venir, para desagraviar a quienes han dado la vida por este continente”, exclamó Jorge Rodríguez al sancionar la ley.
Al cierre de la sesión, los diputados caminaron a la plaza Bolívar como acto de desagravio y mostraron la ley ante la estatua del Libertador.
Respuesta a la otra Ley Bolívar
El Proyecto de Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela (Ley Bolívar, por sus siglas en inglés) representa, según el senador republicano Rick Scott -impulsor de la normativa-, un “gran paso” para “debilitar” al Gobierno de Maduro, que “está matando de hambre a sus propios ciudadanos” y “encarcelando a sus enemigos políticos”.
“No hay ninguna razón por la que el Gobierno de los Estados Unidos deba trabajar con empresas que también trabajan con un dictador tan repugnante. Estoy increíblemente orgulloso de que el Senado haya votado para responsabilizar a Maduro por sus abusos, al aprobar por unanimidad mi Ley Bolívar”, dijo Scott.
En ese sentido, el Gobierno de Nicolás Maduro condenó, a través de un comunicado, la aprobación de la “nefasta propuesta de ley que, tanto en su nombre como en su contenido, constituye una violación a las libertades económicas y una grave ofensa al pueblo venezolano”.
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