El diputado Alfonso Marquina, presidente de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, habló este domingo 22 de marzo.
Expuso una propuesta que contiene cinco medidas que en materia económica debería adoptar el ejecutivo nacional para enfrentar la situación de emergencia que ha originado la aparición de casos del COVID-19 en Venezuela.
La primera medida es un subsidio directo por un millón de bolívares o el equivalente a 15 dólares para los trabajadores de la economía informal. Según Marquina la mitad de la población trabajadora venezolana se mantiene en una condición de informalidad o sub empleo «y que tienen que salir a trabajar todos los para llevar los alimentos a su casa».
Justifica esta propuesta «porque no se le puede pedir que se quede en su casa si no se le tiende la mano». Marquina llama a esta acción «transferencia masiva de recursos a las familias venezolanas».
En segundo lugar plantea que se auxilie a las empresas que se han visto obligadas a cerrar para que le sigan pagando a sus trabajadores.
Este socorro, dice el parlamentario debe venir por el diferimiento del pago de los impuestos nacionales y municipales, incluyendo el IVA y el ISLR, cuyo plazo vencería este 31 de marzo.
Este diferimiento le permitiría, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas utilizar ese dinero para honrar las nóminas de sus trabajadores que por esta emergencia tienen que mantenerse en sus casas.
Como tercera medida propone la exoneración de tasas y aranceles para la importación de insumos y materia prima de las industrias de alimentos, farmacéutica y de artículos de higiene personal.
El cuarto tema, conectado con el anterior, tiene que ver con la eliminación o se flexibilice el encaje legal del 100 por ciento «que prácticamente ha puesto (contra las cuerdas) a la banca privada venezolana al no poder cumplir con la intermediación financiera que le corresponde».
Esta medida permitiría que el sector privado nuevamente sirva de apalancamiento financiero y que pueda otorgar créditos para la pequeña, mediana y gran industria.
También posibilitaría que el sector financiero privado pueda implementar y aumentar de nuevo el uso de las tarjetas de crédito como instrumento financiero para el acceso de comida a través de este tipo de créditos.
Por último recomienda la necesidad de eliminar las trabas administrativas que impiden o retrasan la normal distribución y transporte de alimentos en el país.
En concreto, Marquina se refiere a la supresión de las guías SADA o de movilización para el traslado de alimentos y productos agrícolas de una región a otras.
Pero para que se cumpla esta finalidad «es necesario garantizarle a los transportistas el combustible».
El diputado denuncia que «la poca gasolina que queda la utilizan solo los organismos de seguridad del Estado…se le niega no solo a los transportistas sino también a los médicos y a otros trabajadores que deben seguir en sus labores».
Pero Maduro no les escuchó
Alfonso Marquina declaró a mediados de la mañana de este domingo 22 de marzo.
Horas más tarde el presidente de la república Nicolás Maduro hacía una serie de anuncios, entre los cuales, se fija la entrega de una bonificación especial para los trabajadores de la economía informal a través del carnet de la patria.
Al respecto, el presidente de la comisión de finanzas de la AN reaccionó indicando en su cuenta de twitter que con los anuncios del mandatario se pretende que solamente se sacrifique el pueblo.
