A principios de 2018 se realizó una reunión inusual y privada en la comunidad Boksi de Machiques de Perijá. Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) discutían condiciones de convivencia con caciques y personas de la etnia barí, tras un enfrentamiento que sostuvieron por el control de la zona con el grupo irregular Los Pelusos, donde resultaron heridos por error un cacique y un joven indígena.
Este suceso provocó tensión en el ambiente y forzó un diálogo entre ambas partes, luego de que decenas de mujeres barís decidieran arremeter y desmantelar una serie de campamentos del ELN.
Un líder guerrillero colombiano argumentó que las comunidades indígenas de Machiques debían permitir su presencia en esta región zuliana pues, en caso de una intervención militar promovida por Estados Unidos, serían ellos quienes defenderían “la patria de Bolívar” y la “Revolución Bolivariana”.
En aquel momento las posibilidades de acciones militares por parte de Estados Unidos en Venezuela parecían poco probables, a pesar de que era repetido constantemente por funcionarios venezolanos.
Ahora, tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, apoyado en el artículo 233 de la Constitución, el discurso de la Administración Trump se radicalizó en contra de Nicolás Maduro y su gabinete: la frase “todas las opciones están sobre la mesa” ha aparecido en los discursos de importantes funcionarios como John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, o el vicepresidente Mike Pence. El propio Donald Trump también lo ha dicho y hasta el Pentágono ha sostenido reuniones para hablar de acciones en la nación venezolana.
Por ello, aquella afirmación del líder del ELN en 2018 desde tierra zuliana ha tomado vigencia. Según autoridades colombianas, soldados venezolanos enseñaron cómo lanzar misiles antiaéreos a estos rebeldes, capaces de tumbar aviones militares.
“Combatientes del Ejército de Liberación Nacional recibieron instrucciones sobre el uso del sistema de misiles tierra-aire IGLA fabricado en Rusia, señaló Luis Navarro, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia”, escribe Matthew Bristow, en un artículo para Bloomberg. “La fuerza marxista conocida como el ELN ha utilizado durante mucho tiempo el territorio venezolano como refugio, y tiene una estrecha afinidad ideológica con el gobierno socialista de Maduro”.
“Maduro moviliza todo lo que puede en su lucha por aferrarse mientras Estados Unidos y sus aliados piden abiertamente una rebelión militar, al tiempo que intentan congelar las finanzas del Gobierno mediante sanciones. Después de que el levantamiento más reciente fracasara la semana pasada, se desataron protestas violentas en todo el país, y al menos cuatro personas murieron producto de la represión del régimen. Washington respaldó el alzamiento, y el presidente Donald Trump se niega a descartar una intervención armada”, añade.
La información coincide con lo que han venido denunciando expertos y activistas en Venezuela durante los últimos meses. La organización FundaREDES publicó en abril que estos grupos irregulares, que tendrían presencia en la frontera con Colombia y Brasil, estarían operando con la ayuda y el reconocimiento del Gobierno de Maduro.
Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, afirmó a Radio Fe y Alegría Noticias en octubre de 2018 que la situación es tan compleja que los militares venezolanos no tienen claras las “reglas de enfrentamiento con la guerrilla”.
“No hay reglas claras de enfrentamientos para la Fuerza Armada sobre qué hacer con guerrilleros que cruzan la frontera del territorio nacional”, explicó San Miguel. “Y no hay reglas claras para los efectivos nacionales porque el alto mando político y militar desde el año 1999 estableció como un aliado estratégico de política exterior y de la expansión el bolivarianismo del continente, a las fuerzas de las Farc y del ELN”.
Este 10 de mayo el presidente colombiano Iván Duque pidió “ayuda” a Guaidó para atrapar a cabecillas del ELN que se encuentran en Colombia, quien le contestó: “cuente nuestro hermano país con que Venezuela no será más santuario de terroristas. Haremos todas las gestiones en conjunto con la Asamblea Nacional para colaborar con Colombia y el mundo en evitar y detener ataques que han puesto en jaque a la población en ambos países”.
Cabe destacar que en enero el ELN se reivindicó un ataque terrorista contra una escuela de policía en Bogotá.
El ELN no está solo
En los últimos meses líderes políticos de oposición han insistido en que Guaidó debe activar el artículo 187 numeral 11 de la Constitución que autoriza el ingreso de militares extranjeros al país, si el Parlamento lo autoriza. Lo ven como la única manera de ponerle fin a la autodenominada Revolución Bolivariana.
Su principal impulsora es María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, quien cree que esta es la mejor opción para “proteger a Guaidó” y al pueblo venezolano.
Machado aseguró recientemente que es “irresponsable” seguir convocando marchas opositoras, que son reprimidas por fuerzas de seguridad, y sugirió en su cuenta de Twitter que los opositores que no autorizan el 187 temen a la “justicia”.
Sin embargo, aunque algunos sostienen que una acción de esta magnitud sería “quirúrgica” y “rápida”, tomando como referencia a la que se produjo en Panamá en 1989 y que terminó con la dictadura de Manuel Noriega, algunos informes apuntan a que sería todo lo contrario, especialmente por el tamaño geográfico de Venezuela.
De hecho, el propio Pentágono ha publicado un informe en el que señala que podría tardar 6 años “restablecer el orden del país”, con una inversión de 80 mil millones de dólares.
¿El motivo? Pues que, en un escenario en el que se dé un “quiebre” en la Fuerza Armada Nacional -quien le daría la espalda a Maduro impulsado por líderes del Alto Mando Militar en busca de Amnistía- y formaran una coalición con ejércitos extranjeros, no sólo el ELN pondría resistencia, sino también otros grupos con armamentos de guerra como los llamados colectivos, o incluso de índole terrorista.
José Ricardo Thomas, politólogo egresado de la UCV y Doctor en Asuntos Internacionales de la Universidad de Pekín, sostiene que un posible enfrentamiento se activaría el “Plan Escudo Guayana” que, según él, “implica un repliegue estratégico de individuos armados al sur del río Orinoco para luego tomar los Estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y conformar una República independiente”.
“En 2017 el Plan Escudo de Guayana se actualizó en Cuba con asesoramiento ruso y se transformó en una acción de repliegue estratégico y atrincheramiento en el sur y este del país de ministros, gobernadores, dirigentes políticos del PSUV, efectivos de la Guardia Nacional, FAES, policías, colectivos, guerrilleros del ELN y terroristas del Hezbolá. ¿Con que objeto? Simple: mantener control de Venezuela o al menos parte de ella”, publicó Thomas en un artículo en La Cabilla.
Para Sebastiana Barráez, los colectivos, como se les conoce a grupos de civiles armados afectos a Maduro que han sido vistos disparando contra manifestantes opositores, son “una sinvergüenzura de la Fuerza Armada”.
“En la constitución se especifica que los únicos que pueden tener el uso de las armas es la Fuerza Armada Nacional. Permitir el funcionamiento de civiles armados con el término de colectivos, es darle una fachada a una banda de delincuentes”, expresó Barráez.
A finales de abril, Valentín Santana, líder del Colectivo La Piedrita, publicó un vídeo en el que se podía observar con un fusil de alto calibre, expresando que: “alerto al pueblo y le hago un llamado a defender la patria con lo que tengamos. Patria o muerte, venceremos”.
De acuerdo al portal Poderopedia, Santana tiene tres órdenes de captura fechadas el 31 de enero de 2007, 24 marzo de 2008 y en enero de 2009, que no le han impedido participar en actos públicos. Aunque defiende al fallecido presidente Hugo Chávez, en 2009 el líder socialista lo calificó como “criminal” por haber amenazado de muerte a Marciel Granier, presidente del canal Radio Caracas Televisión (RCTV).
Ahora bien, hay otro protagonista en una hipotética guerra del cual no se habla mucho, pero que según expertos y analistas resulta bastante peligroso, tanto para los venezolanos como para toda la región: el Hezbolá, el “partido de Alá”.
Colin P. Clarke, politólogo y profesor universitario especialista en terrorismo, publicó un artículo en Foreing Policy donde sostiene que “Hezbolá ha mantenido una presencia en Latinoamérica durante mucho tiempo, especialmente en la infame Área de las Tres Fronteras, una región sin leyes donde Argentina, Paraguay y Brasil convergen. Pero incluso más allá del Área de las Tres Fronteras, Hezbolá está muy bien atrincherada en Venezuela, donde el grupo terrorista chiita ha trabajado durante mucho tiempo en establecer una vasta infraestructura y plataforma para sus actividades delictivas, incluyendo el tráfico de drogas, lavado de dinero y el contrabando ilícito”.
Clarke afirma que la Isla de Margarita “es un conocido centro delictivo donde los miembros del Hezbolá se han establecido”.
En un reciente artículo publicado en el New York Times también se habla de este aspecto e incluso se señala a una persona detrás del presunto refugio en Venezuela a estos terroristas: Tareck El Aissami. El texto se apoya en información de la inteligencia venezolana.
“Según un archivo secreto recopilado por agentes venezolanos, El Aissami y sus familiares han ayudado a colar a militantes de Hezbolá en el país, han hecho negocios con un narcotraficante y han resguardado 140 toneladas de químicos que se cree fueron usados para la producción de cocaína, lo que ha contribuido a convertirlo en un hombre rico mientras el país se ha sumido en el caos”.
Lo que viene
Guaidó, durante meses, ha evadido o comentado de manera tímida la posibilidad de solicitar una intervención militar, aunque cuando lo ha hecho siempre se ha negado a catalogarla de esa manera: para él, se trataría de una “cooperación” o “coalición”.
En una reciente entrevista con CNN, dijo que la única manera de optar por esta opción es que Maduro “se radicalice”, detenga diputados y elimine la Asamblea Nacional. Horas después de sus declaraciones, fue detenido su mano derecha en el Parlamento, el vicepresidente Edgar Zambrano, quien ahora está detenido en una cárcel militar ubicada en Fuerte Tiuna. Otros diputados han optado por refugiarse en embajadas.
En medio de este contexto, el Comando Sur ha enviado un mensaje a través de su Twitter -polémico para muchos y “contundente” para otros-, donde sostienen que el comandante Craig Faller está listo para hablar de cómo apoyar “a aquellos líderes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tomen la decisión correcta”, si Guaidó lo solicita.
No obstante, el Comando Sur es sólo un componente del Ejército de los Estados Unidos, que no puede activar ningún tipo de acción militar sin la autorización de la Administración Trump. Según el Washington Post, Trump está molesto con John Bolton, su asesor de seguridad, por el “fallido golpe de Estado” del pasado 30 de abril, cuando Guaidó apareció en La Carlota, rodeado de militares venezolano y junto al líder político Leopoldo López, anunciando el inicio del “cese definitivo de la usurpación”.
El histórico rotativo también asegura que Trump se rehúsa a la posibilidad de una acción militar en suelo venezolano.
No obstante, el senador Marco Rubio, uno de los políticos más cercanos a Trump, escribió en su Twitter que el artículo sólo pretendía desprestigiar a Bolton y que el presidente norteamericano sigue “comprometido” con la causa de Guaidó.
El futuro es incierto y no parece que haya una salida al gobierno de Maduro que pueda resultar pacífica: incluso un posible quiebre de la FAN podría generar enfrentamientos en las ciudades entre soldados venezolanos y grupos irregulares afectos a Maduro . Hay otros que apuntan a que la única solución es el diálogo: una estrategia que ha fallado en innumerables ocasiones en el pasado. Mientras tanto, Trump ha escrito: “Estados Unidos está con el gran pueblo de Venezuela por el tiempo que sea necesario”.
