En febrero de 2016, el gobierno de Nicolás Maduro promulgó el decreto 2.248 de la gaceta oficial 40.855, mediante el cual creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional que también es conocida como “Arco Minero”.
Cuatro años después, el Arco Minero se ha convertido en el mayor crimen ecológico y desastre natural que ha afectado los afluentes de las zonas donde operan organizaciones gubernamentales, privados y otras de carácter ilegal.
Los afluentes Suapure, Cuchivero, Paragua, Caura, y el río Aro se mencionan entre los más dañados por efectos del mercurio usado en la explotación del oro y otros minerales en el Arco Minero.
Los mencionados afluentes desembocan en el río Caroní y el Orinoco, dos fuentes hidrológicas de importancia para el país. En el caso del Orinoco atraviesa todo el estado Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas y termina en su enlace en el río Meta en el Este de Colombia.
Un artículo publicado por derechos.org.ve, expone que el Arco Minero trastoca las tierras indígenas de los pueblos Pumé y Kariña en el estado Bolívar y Warao en el brazo izquierdo del río Orinoco en Barrancas del Orinoco, estado Monagas.
Los mapas publicados por varias organizaciones muestran que el Arco Minero se prolonga en territorios de diez comunidades indígenas de Venezuela.
Luego de la promulgación del decreto 2.248, que expone el proyecto “Arco Minero del Orinoco”, varias organizaciones indígenas, fundaciones e individualidades, cuestionaron la decisión gubernamental y avizoraron lo que hoy está ocurriendo.
Según el presidente Nicolás Maduro, este territorio cuenta con 7 mil toneladas de reservas de oro, además de cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial. El Arco comprende un espacio que equivale al 12,2% del territorio nacional.
Crisis humanitaria y migración
Según números del Programa Lupa, «5020 indígenas venezolanos están registrados en Brasil. De ellos, 66% pertenece a la etnia warao, mientras 30% es pemón. Los kariña ocupan 1% y los E´ñepá 3%», reseña reseña el porta Venezuela Migrante.
Por su parte ACNUR, ha advertido que los aborígenes venezolanos huyen de la crisis humanitaria y se han internado en el corazón de la pandemia.
En medio de la huida, “algunos además enfrentan la amenaza de grupos armados irregulares, que controlan las zonas donde viven”, ha advertido Shabia Mantoo, un portavoz de ACNUR.
Gran parte de las causas de la huida de los indígenas desde Venezuela justamente tiene que ver con las actividades extractivistas en el arco minero.
La contaminación de las aguas también impactó en la actividad pesquera, fuente principal de proteínas del pueblo warao en Delta Amacuro. Estas condiciones, aunadas a la falta de personal de salud y de equipos médicos necesarios para tratar a las personas, han hecho que el éxodo crezca.
A pesar de las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno nacional, la migración de los warao no se detiene. Según el procurador del estado de Paraíba, José Godoy, antes de la pandemia eran 70 los warao registrados en el lugar y para el tres de julio ya eran 300.
El abandono por parte del gobierno venezolano también ha fomentado la partida de los indígenas. En los boletines donde las autoridades venezolanas informan sobre la pandemia, no aparecen ni una vez, las palabras indígena, warao, o alguna otra que sugiera políticas públicas diferenciadas para prevenir la COVID-19 en los 55 pueblos indígenas de Venezuela.
Con información de Venezuela Migrante-Efecto Cocuyo
