A raíz de la noticia que se dio a conocer a primeras horas de la tarde de este viernes 16 de octubre sobre la decisión de la juez de Nueva York, Katherine Polk Failla, en la que los bonos 2020 de PDVSA son «válidos y exigibles», y que se encuentran respaldados por el 50 por ciento de las acciones de la empresa Citgo, el equipo jurídico del diputado Juan Guaidó emitió un comunicado aclaratorio.
La respuesta del parlamentario surge en virtud de que la juez Polk Failla dictaminó que los instrumentos financieros, emitidos por el gobierno de Maduro, «son válidos y ejecutables y que la República había incurrido en un incumplimiento bajo los términos del contrato».
Estas notas financieras están garantizadas con el 50.1 de las acciones de CITGO. En ese sentido, la empresa tenedora, MUFG Union Bank, por ser el fideicomisario, tiene derecho a ordenar a GLAS America LLC que venda la garantía que asegura los Bonos 2020, es decir las acciones de CITGO, y GLAS tiene derecho a venderla para cumplir con las acreencias producto del incumplimiento del ente emisor, en este caso PDVSA.
Pero los abogados de Guaidó aclaran que «a pesar de la decisión en la Corte de Nueva York, CITGO sigue protegida ya que existe una Orden Ejecutiva (GL5) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que impide la ejecución de cualquier acreencia por parte de los tenedores del Bono PDVSA 2020».
En este tenor agregan que esta protección brindada por el Departamento del Tesoro de EEUU fue renovada a principios del mes de octubre de 2020 y se mantendrá al menos hasta el 19 de enero de 2021, otorgando así un margen de tiempo adecuado para seguir avanzando en la estrategia procesal de defensa de CITGO.
También aseguran que la gestión del diputado, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, reconoce todas estas deudas de la República, adquiridas «por irresponsabilidad» del gobierno de Nicolás Maduro, y se compromete a «cumplir con las obligaciones legítimamente contraídas con aval de la Asamblea Nacional. Para ello, debe haber una evaluación y reestructuración organizada de deuda u obligaciones contraídas, conjuntamente con las contrapartes, lo cual será posible tras una transición democrática».
