Desde el inicio del decreto de cuarentena el 13 de marzo de 2020 hasta mediados de marzo, Venezuela acumula 371 asaltos a las universidades. Así lo informó la ONG Aula Abierta.
En lo que va de 2022, Aula Abierta contabilizó 24 incidentes de inseguridad que ocurrieron en 6 universidades del país.
Desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo, se han suscitado 17 delitos que atentan contra el desarrollo de la docencia, 2 contra la investigación, 3 contra los servicios estudiantiles y 2 contra las dependencias universitarias. Lo que da un total 24 episodios en los que el hampa ha ingresado a las casas de estudios superiores venezolanas.
Las universidades afectadas son la Universidad de Los Andes (11); Universidad de Oriente (8), Universidad Centroccidental «Lisandro Alvarado» (2); Univesidad del Zulia (1); Universidad Central de Venezuela (1) y Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1).
347 incidentes de inseguridad en 2020 y 2021
Según la ONG, entre marzo y diciembre de 2020 ocurrieron 191 asaltos a las universidades. Mientras que en el 2021 se suscitaron 156 incidentes de inseguridad en 16 universidades autónomas de Venezuela.
También precisó que enero de 2021 fue el mes con más ataques del hampa. En total se registraron 30 hechos delictivos en un solo mes.
Asaltos afectan el proceso de educación
De acuerdo con Aula Abierta, el elevado número de incidentes de inseguridad genera preocupación entre los universitarios: «no solo afectan de manera estructural; sino también el funcionamiento de las universidades del país en las actividades de docencia, investigación y extensión; así como el proceso educativo en el que participarán miles de estudiantes y profesores venezolanos», escribieron.
Insistieron en que el Estado no ha tomado acciones para acabar con la delincuencia que somete a las universidades. De manera, que el gobierno violenta los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria.
«Estos incidentes de inseguridad en los recintos universitarios constituyen un patrón de afectación al proceso educativo y, por ende, a la educación de calidad. La situación se agrava sobre todo cuando el Estado no toma medidas para garantizar la seguridad», sostuvo la organización.
