La realidad de las desapariciones forzadas también está patente en la Venezuela actual, envuelta en una crisis humanitaria compleja mucho antes de la llegada de la pandemia.
Según Mairis Balza, directora de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), del estado Bolívar, se ha podido certificar la identificación de 77 personas desparecidas en las minas en esta región del sur del país.
En diálogo con Radio Fe y Alegría Noticias este miércoles 2 de setiembre sostuvo que el procedimiento de identificar a estas personas también se debe a que han tenido contacto con algunos de sus familiares o amigos que «de manera directa y personal ha podido conocer de estas historias».
Fue la masacre de Tumeremo, registrada en el año 2016, el hecho que empezó a encender las alarmas en las organizaciones de derechos humanos para ponerle la lupa a esta situación «que significa una gravísima violación a los derechos humanos», apunta Balza.
¿Qué hay detrás de estas desapariciones?
Esta es una de las preguntas que ronda en las investigaciones hechas en Codehciu para distinguir algunos elementos importantes.
En primer lugar, la activista señala que no todas las 77 personas desaparecidas «pertenecen a esas comunidades».
Muchas se han trasladado de otras regiones del país a las minas de Bolívar a ubicar «mejores condiciones de vida y a obtener una respuesta económica que le permitiera satisfacer sus necesidades».
La severa crisis económica en Venezuela ha provocado el cierre de otras formas de generar ingresos «y estas personas y sus familias han visto como la única posibilidad (económica) el trabajo en las minas».
Para Balza este grupo de personas desaparecidas queda, generalmente, invisibilizado porque al no ser conocidas en la comunidad «lamentablemente es fácil decir que se desconoce el paradero de cierta persona», alerta Balza.
Constantemente en los informativos de Radio Fe y Alegría Noticias peticiones de familiares que se encuentran en estados como Apure, Guárico, Zulia, Mérida, entre otros, solicitando información de sus parientes que se fueron a trabajar a las minas.
Un segundo grupo, de acuerdo a estas investigaciones, se refiere a las personas «mineras», que pertenecen o viven en estas zonas, y cuyos datos son más «fáciles» de ubicar.
Denominadores comunes
También acota Mairis Balza que un elemento común entre los 77 ciudadanos desaparecidos es la edad.
«La edad máxima está ubicada en los 35 años», dice tajantemente la activista. Lo cual implica que es una población bastante joven que se está trasladando a estos sitios, cuyo rango va de los 20 a los 35 años.
Otro descubrimiento que la ONG ha hecho, y que genera mucha preocupación, es el creciente número de mujeres desaparecidas.
En una investigación que realizaron en el 2019 en el primer semestre se contabilizaron dos mujeres desaparecidas. Pero en los siguientes meses «el número aumentó a 5 mujeres desaparecidas que nosotros hemos documentado».
La actualización del informe de la ONG refleja que son 13 las mujeres reportadas como desaparecidas y 64 hombres. Data que se viene trabajando desde el año 2012.
Esta situación refleja que la actividad minera dejó de ser preferencialmente de hombres, «lo cual trae consigo una serie de situaciones que las dejan invisibilizadas y que tienen que ver con la prostitución, con la presunción de trata de personas, con algunas formas modernas de esclavitud» .
A este escenario se añaden las propias condiciones precarias que las mujeres padecen en las minas.
El Estado no investiga
La directora de Codehciu asevera que «lamentablemente los órganos de investigación del Estado han desestimado las denuncias de los familiares que se han atrevido a hacerlas y que han intentado hacerle seguimiento a las desapariciones».
Denuncia que estas investigaciones gubernamentales no han sido posible «porque hay muchos intereses de por medio y el hecho de que participan grupos delincuenciales y estructuras criminales hace que se «gobierne» y se hace inexistente la acción y el control del Estado sobre estos grupos».
Por lo tanto, a las personas que denuncian solo les quedan dos vías. La primera es asumir por cuenta propia la responsabilidad de la investigación. Pero esta decisión implica riesgos como «amenazas de estos grupos y por tanto tienen que desistir de esas investigaciones y tienen que quedarse con esa incertidumbre».
Igualmente estas personas se enfrentan no solo al desistimiento de las instituciones públicas sino a las propias advertencias «de los funcionarios públicos de que dejen eso así, mejor no denuncie porque el próximo a desaparecer puede ser usted».
Este tipo de respuesta son para Balza señal de una situación extremadamente grave.
La segunda alternativa es que acudan a las organizaciones de derechos humanos y las mismas recojan sus testimonios para luego proceder con las investigaciones respectivas desde estas instancias no gubernamentales.
¿Qué ha pasado durante la pandemia?
La defensora de derechos humanos revela que debido a las restricciones de movilidad por la vigencia de la cuarentena radical en la entidad ha bajado el flujo de personas hacia las minas en comparación al registrado hasta el mes de marzo de este año.
Sin embargo, «esto no significa que las condiciones hayan mejorado».
Balza confirma que las situaciones de violencia y de personas desaparecidas «no han disminuido…lo que ha disminuido es la posibilidad de nosotros de visibilizar y de tener contacto con las personas».
Advierte que estos casos de desaparición de personas en las minas se han convertido en situaciones «de carácter sistemático de graves violaciones a los derechos humanos».
