Autoridades brasileñas amenazan con desalojar a más de mil indígenas venezolanos

Indígenas y criollos venezolanos de la comunidad de Ka’ubanoko, ubicada en la periferia de Boa Vista, capital del estado de Roraima en Brasil, denuncian que autoridades del gobierno de esa localidad amenazan con desalojarlos.

Yidis Torrealba, coordinadora general de la comunidad criolla migrante reseña que se instalaron en la zona del barrio Yoqui Clube, en Boa Vista desde hace un año y 7 meses. En lengua warao Ka’ubanoko significa “mi espacio para dormir”.

Señala que son 70 familias venezolanas para un total de 506 personas que llegaron a ese espacio público “que estaba totalmente abandonado y servía para delincuencia y violaciones”.

Sin embargo, lograron recuperar el local “y ya es reconocido por los hermanos brasileros que viven aquí cerca”.

La lideresa también relata que han aprendido a vivir en comunidad, a desarrollar una educación diferenciada para los niños, a preparar su propia alimentación “y somos profesionales con conocimiento en diferentes áreas”.

Sin embargo, pese a ese trabajo de organización comunitaria reseña que el miércoles 16 de septiembre llegó una comisión del Ejército con una carta en la que se le notificaba a la comunidad que para el día siguiente se haría una reunión con el fin de iniciar un proceso de planificación de acciones.

Torrealba apunta que “el día de la reunión nos dicen que Ka’ubanoko es un predio público que ellos quieren recuperar para atender a jóvenes y adolescentes… y que supuestamente los mismos brasileros se quejaban porque nosotros estábamos ocupando un espacio público donde no pagamos agua ni luz”.

En conclusión, desde ese 17 de septiembre y hasta el 28 de octubre se desplegaría el proceso de desocupación “obligatoriamente”. Se les presentaron varias opciones desventajosas para los integrantes de la comunidad, entre las que se cuentan que serían trasladados a otros sitios que dispusiese el gobierno local de Boa Vista.

Yidis cuenta que inmediatamente respondieron con un escrito donde pedían que se les extendiera el plazo de desocupación. También presentaron propuesta de cancelar los servicios de agua, luz, “pero nos negaron toda posibilidad, toda opción, toda alternativa”.

Más de 130 comunidades indígenas que no fueron consultadas

Por su parte, la lideresa indígena warao Leany Torres explicó que junto a los pueblos indígenas Eñepá, Pemón, Warao y Kariña forman una comunidad de 132 comunidades indígenas que también sufren la amenaza de desalojo por parte del ejército brasileño en el marco de la Operación Acogida.

Alega que como pueblos indígenas tienen derecho a una consulta previa, libre e informada. Sin embargo, dese hace dos meses ya habían recibido amenazas de desalojo. Desde entonces solicitaron reunirse con las instituciones encargadas de estos procedimientos para recopilar información del por qué del desalojo.

La señora Torres asegura que de parte de esos representantes institucionales les negaron en todo momento la información de sus procedimientos.

Ratifica lo dicho por Torrealba acerca de la reunión del jueves 17 de septiembre. “La lideranza indígena de Ka’ubanoko, junto al consejo de ancianos, asistimos a esa reunión y un Mayor nos leyó un documento donde nos decía que ellos habían estudiado varias alternativas para una solución para nosotros”.

Y esa única solución se concretaba a que tenían que trasladarse a un “abrigo” porque necesitaban el espacio desocupado, a más tardar el 28 de octubre.

Torres considera esta acción totalmente injstificada porque como comunidades indígenas se han venido reuniendo con el Grupo de Trabajo de Migración “y una de las cosas que hemos venido conversando es que cualquier decisión que se tome que tenga que ver con el pueblo tiene que ser consultada”.

Por esta razón, califica esta decisión gubernamental como arbitraria. “Solo nos preguntan cómo queremos irnos al abrigo…no nos dan otra alternativa ni nos consultaron sobre otras propuestas…que seamos nosotros quienes decidamos nuestro futuro…no ellos”.

Reclaman que las autoridades civiles y militares de la zona tomen decisiones por encima de la historia y la determinación de los indígenas de esa gran frontera.

Rechaza, también que se les llame migrantes. “Nosotros somos indígenas de la América toda…solo que cuando llegaron los conquistadores nos diezmaron y tuvimos que huir a otros espacios geográficos para sobrevivir y ahora estamos regresando y es algo que ellos tienen que aprender a respetar”.

Reafirma que no desocuparán el espacio si no les entregan un oficio con la orden de desalojo. “Sin esa orden no vamos a conversar ni a desalojar nuestra salida”.

Derechos indígenas irrespetados

También acompaña esta denuncia la cacique eñepá Dayris Ramos, perteneciente a la etnia warao. Critica a representantes del ACNUR en la zona “ya que nos dijeron que estaban haciendo una consulta al pueblo indígena… pero sentí muy ofendida y maltratada sicológicamente porque yo sé lo que es una consulta previa”.

Ramos asevera que lo están haciendo no es una consulta porque se les violentan sus derechos. Ratifica que no se les han presentado más opciones que la del irse al abrigo que ofrece el gobierno.

Dice sentirse engañada por las instituciones que dicen apoyar a los indígenas en la defensa de sus derechos.

Cuestiona la opción del abrigo en la zona de La Floresta “porque vamos a parecernos a los animales…eso no tiene condiciones para nosotros…no hay árboles, no hay brisa y vamos a estar encerrados todo el día y hacinados”.

Igualmente describe como otro grave problema el suministro de alimentos “porque comeremos a la hora que ellos quieren que nos traigan la comida y en la cantidad que ellos decidan”.

Denuncia también que no se les ofrecerán a los indígenas oportunidades de trabajo “porque creen que no estamos capacitados para ejercer un trabajo digno y generar ingresos para nuestros familiares”.

Tampoco en el abrigo se les estaría garantizando el derecho a su educación trilingüe con cada lengua de sus pueblos, el español y el portugués.

Vale destacar que estas comunidades están recibiendo un Curso de Fortalecimiento de la Organización Comunitaria en una alianza entre el Centro Gumilla de Venezuela y Fe y Alegría Brasil (Roraima).