Representantes de pueblos indígenas y movimientos campesinos presentaron una acción popular contra el decreto presidencial 4.232 que permite el uso de semillas transgénicas en la producción agrícola.
Dicho decreto, según el Ejecutivo, se aprobó usando como justificación la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19 y «la necesidad de obtener alimentos en menos tiempo y con rendimiento superior».
Sin embargo, de acuerdo con Leonardo Tamburini, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social de Santa Cruz, el decreto contradice la Constitución del Estado boliviano.
«Los transgénicos representan una amenaza para las variedades de las diferentes semillas como maíz, trigo, soya, algodón y caña de azúcar, variedades que son patrimonio genético de los pueblos indígenas y tutelados por la Constitución», explicó Tamburini.
Además, el experto aseguró que el uso de transgénicos representa una amenaza para el medio ambiente por los insumos agrotóxicos que se utilizan, igualmente, pone en peligro los bosques de la nación que deben ser deforestados de modo agresivo para garantizar el espacio para el cultivo.
Tamburini informó que la Sala Constitucional 1º admitió la acción popular y fijó audiencia para tratarla este jueves 13 de agosto. A dicha audiencia fue citada la presidenta Jeanine Añez y todo su gabinete.
