Por medio de un documento que dio a conocer a la opinión pública nacional, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB pidió al Ejecutivo nacional y a la comunidad internacional un conjunto de medidas que conlleven a la protección de las personas migrantes luego de los dos terremotos del 24 de junio en Venezuela.
Entre las acciones que plantea esta instancia de la universidad que dirigen los jesuitas en el país están las de exonerar el pago de trámites consulares a quienes deseen regresar.
Hacia los países receptores de connacionales, el CDH instó a suspender deportaciones, conceder regulación migratoria temporal y reconocer pasaportes vencidos.
“Ya han comenzado a registrarse innumerables desplazamientos internos y es de esperar que se produzcan también movimientos migratorios transfronterizos”, advierte el comunicado.
Frente a eso, el Centro recordó las obligaciones de protección vigentes bajo el derecho internacional y las “buenas prácticas” asociadas que pueden adoptar, tanto los países receptores como el propio el Estado venezolano.
La organización también alertó sobre la ilegalidad de las devoluciones forzosas, advirtiendo que “el traslado forzado o deportación de personas a un lugar en el que existe el riesgo de que sufran persecución, tortura u otros daños graves o irreparables equivaldría a una ‘devolución’, que está explícitamente prohibida por el derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos”.
Invocando los precedentes regionales tras desastres como el huracán Mitch en Centroamérica (1998) y los terremotos de El Salvador (2001) y Haití (2010), el CDH-UCAB exhortó a las naciones receptoras de migrantes venezolanos a adoptar varias medidas:
Cancelación definitiva o suspensión, por al menos seis meses, de las deportaciones o retornos coercitivos. Esta medida debe amparar incluso a quienes vieron sus solicitudes de asilo rechazadas antes de los sismos, sostiene el Centro, ya que “las nuevas circunstancias en Venezuela ahora podrían justificar que tengan nuevos motivos para solicitar asilo y llegar a ser reconocidos como refugiados sur place”.
Concesión de estatus de protección. El CDH apuntó que, en contextos de desastres naturales, el derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados a proteger y preservar el derecho a la vida y la dignidad humana de las víctimas.
En este sentido, instó a “seguir las ‘Consideraciones jurídicas sobre las solicitudes de protección internacional en el contexto de los efectos adversos del cambio climático y los desastres del ACNUR’ y, en particular, aplicar la definición regional de refugiado para otorgar protección, cuando proceda”.
Flexibilización migratoria. La unidad de la UCAB pidió implementar mecanismos expeditos de regularización temporal, modalidades de reunificación familiar por patrocinio, permisos humanitarios (parole) y, de forma específica en Colombia, restablecer el Estatuto Temporal de Protección (ETPV).
También llamó al “reconocimiento de pasaportes y otros documentos vencidos como prueba de identidad”.
Servicios consulares y facilidades para el retorno
En cuanto a las exigencias que el CDH le hace a las autoridades del gobierno venezolano, refuerza el petitorio de responsabilidades urgentes que tiene el Estado venezolano para proteger a sus connacionales en el exterior en este momento de vulnerabilidad extrema.
En concreto, le demanda restablecer de manera plena la atención en las misiones diplomáticas de Venezuela en el extranjero, incluso en aquellos países con cuyos gobiernos mantiene diferencias políticas. “Los ciudadanos no tienen por qué cargar con las consecuencias de las diferencias políticas entre sus gobernantes y tanto los venezolanos en el exterior como los migrantes en Venezuela necesitan más que nunca el apoyo de sus servicios consulares para la realización de diferentes trámites”, señaló el comunicado.
Asimismo, pidió la eliminación de trabas económicas asociadas a trámites para el regreso al país.
Con información de El Ucabista
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