El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró en el mes de octubre que no hay avances en procesos penales, la muerte del general Raúl Baduel, el cual según familiares no falleció por los motivos que el Fiscal General Tarek William Saab había indicado.
Asimismo, señaló que los familiares han denunciado que Baduel era víctima de torturas y que no tenía acceso a tratamientos médicos. Asegurando que su muerte no fue producto de un paro cardiorrespiratorio producto de la COVID-19.
Cepaz destacó que “con la muerte del general Baduel suman tres los presos políticos que han muerto bajo custodia en lo que va del año”. Refiriéndose también al líder pemón Salvador Franco y a Gabriel Medina Díaz, exfuncionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
“A estos tres presos políticos se les vulneraron, entre otros derechos y libertades, el derecho a la integridad de las personas privadas de libertad y el derecho humano a la vida”, manifestó.
De igual forma, señaló que la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, por medio de una declaración tras la muerte de Baduel, manifestó su opinión ante las demoras y a las irregularidades incurridas en la causa penal del general.
Cepaz indicó que esta Misión “solicitó al Estado llevar a cabo una investigación exhaustiva, transparente e independiente sobre la causa de la muerte”.
Asimismo, explicó que la Misión aprovechó la oportunidad para instar a las autoridades a cesar de inmediato las infracciones al debido proceso y las violaciones de los derechos humanos.
No hay avances
Por otra parte, Cepaz expresó que la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan para abrir una investigación formal en la situación Venezuela, significa “la falta de cooperación del Estado venezolano y la inexistencia de avances en procesos penales de jurisdicción nacional para determinar la responsabilidad de los autores materiales de las graves violaciones que ocurren en Venezuela”.
Por esto Cepaz expresó que insiste en el llamado de poner fin a la política de Estado de persecución y criminalización contra toda persona que sea considerada contraria al gobierno nacional.
Al mismo tiempo que solicitó a la comunidad internacional “atender la necesidad de las víctimas y de sus familiares de encontrar justicia frente a estas graves violaciones que hoy, bajo la complacencia del sistema judicial venezolano, se encuentran en total impunidad”.
