Al condenar los recientes ataques contra periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humamos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, consideran que de esta manera se van cerrando los pocos espacios democráticos que quedan en el país.
Ambas instancias han recibido reportes sobre allanamientos a las sedes de varios medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y de acción humanitaria.
En lo particular, la Comisión fue informada sobre el allanamiento a la sede de la organización Azul Positivo el 12 de enero de 2021.
Como es de conocimiento público, tras el allanamiento a sus oficinas en Maracaibo, 5 integrantes de esta organización fueron detenidos y continúan privados de su libertad hasta la fecha.
Asimismo, de acuerdo también con información pública, el 8 de enero de 2021, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (SENIAT) allanaron, sin orden judicial, la sede en Caracas del medio VPItv.
Bajo el pretexto de revisar la documentación tributaria de equipos adquiridos a comienzo de los años 2000, los agentes de CONATEL y el SENIAT habrían incautado cámaras, televisores y computadores portátiles, lo que conllevó que VPItv suspendiera sus operaciones.
Ese mismo día, el SENIAT interpuso una sanción al diario Panorama, del estado Zulia, por el presunto incumplimiento de deberes formales de leyes tributarias, clausurando por 5 días su sede en la ciudad de Maracaibo.
Por otra parte, la CIDH y su RELE han observado el incremento de señalamientos y discursos estigmatizantes, por parte de altas autoridades del Estado, en contra de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Al respecto, el pasado 13 de enero, durante la trasmisión de un programa de televisión, un diputado calificó a organizaciones defensoras de derechos humanos como «instrumentos para desestabilizar a los pueblos».
La Comisión y su RELE también registraron una escalada de estigmatizaciones desde algunas páginas y cuentas oficiales en redes sociales tendientes a deslegitimar la labor que desempeñan medios de comunicación, por recibir recursos de cooperación internacional.
Al respecto, conocieron un vídeo en el que figuraban símbolos de la Aviación Nacional Bolivariana y que fue difundido por cuentas oficiales de Twitter, en donde se perfilan periodistas del medio Efecto Cocuyo, acusándoles de ser «info-mercenarios» por haber recibido financiamiento extranjero para su funcionamiento.
Igualmente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), la organización Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Venezuela también han sido objeto de señalamientos parecidos.
En relación con esto, la CIDH y su RELE destacan que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La Comisión y su Relatoría Especial encuentran especialmente preocupantes los pronunciamientos que insinúan que las y los periodistas son ‘enemigos del Estado’ o ‘enemigos internos’ por cuenta de su financiamiento extranjero y advierten que, al ser emitidos desde instancias asociables a las fuerzas de seguridad del Estado, los señalamientos se tornan más agresivos y amenazantes; y no sólo se deslegitima su trabajo, también se crea un clima adverso para ejercer su labor, comprometiendo su vida e integridad personal.
Finalmente, la Comisión urge al Estado de Venezuela a propiciar un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En este sentido, recuerda que las obligaciones del Estado en relación con las personas defensoras y el derecho a defender los derechos humanos guarda relación directa con el goce de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y de asociación, las garantías judiciales y la protección judicial, contenidos en varios instrumentos internacionales de derechos humanos.
