La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestó su preocupación ante los cierres de medios de comunicación y procesamientos judiciales contra periodistas en Venezuela que investigan, informan y denuncian asuntos de interés público.
Asimismo, la CIDH instó al gobierno nacional “cesar las amenazas y restricciones arbitrarias a la libertad de expresión e insta a las autoridades a mantener un discurso favorable a la deliberación pública”.
La CIDH rechazó lo sucedido en enero de 2022, cuando a través de los medios de comunicación del Estado un diputado oficialista “exhibió afiches de periodistas, señalándolos como «ladrones» y llamando a su búsqueda bajo esa calificación y a su criminalización”.
El 19 de enero el diputado Diosdado Cabello se refería con amenazas en su programa de televisión Con El Mazo Dando contra varios periodistas venezolanos, dentro y fuera del país, mostrando carteles con el letrero «Se Busca».
La institución considera que estas acciones son estigmatizantes y acentúan la hostilidad contra la prensa. Además de que las autoridades están omitiendo su deber de “prevenir hechos de violencia contra la prensa”.
También la CIDH resaltó como ejemplo el allanamiento y aprehensión en contra del periodista Roberto Deniz, quien se encuentra actualmente en Colombia y cuyos familiares son beneficiarios de medidas cautelares por parte de la Comisión desde febrero de 2020.
La relatoría destacó que “la libertad de expresión cumple un rol central en sociedades democráticas, pues facilita y hace posible el control y la rendición de cuentas de los poderes públicos por parte de la ciudadanía”.
De igual forma, la Relatoría reiteró el llamado de la última Declaración Conjunta de expertos y expertas en libertad de expresión “para que liderazgos públicos se abstengan de hacer intencionadamente declaraciones falsas que ataquen la integridad de personas trabajadoras de medios de comunicación”.
El Colegio Nacional de Periodistas registró en 2021 al menos 251 casos de ataques contra la prensa, entre los que se encuentran 55 bloqueos digitales, 46 impedimentos de cobertura, 28 hostigamientos, 27 intimidaciones y 22 amenazas.
