Humberto Prado, comisionado especial para los Derechos Humanos en el equipo del diputado Juan Guaidó, ha sido beneficiado con una ratificación de medidas de protección a sus derechos fundamentales por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como una forma de protegerlo de los “hostigamientos y amenazas por parte de funcionarios del gobierno venezolano.
Esta medida ha sido renovada luego de 11 años de su activación como mecanismo de defensa y protección a la integridad física del activista de derechos humanos en el país.
A diferencia de la primera medida, la CIDH ha extendido los mecanismos de protección al círculo familiar de Prado.
La CIDH ha argumentado que la decisión obedece a las campañas de ataques y desprestigio en contra de Prado y su entorno que ha tomado más fuerza desde el año 2014.
Durante los últimos cinco años, la CIDH ha contabilizado 20 señalamientos en contra Prado por parte de voceros del gobierno que preside Nicolás Maduro, y uno de los voceros más agresivos y reiterativos ha sido el presidente de la Asambleas Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, según el informe de la CIDH.
La Comisión también ha asegurado que voceros del gobierno de Maduro han expuesto ante la opinión pública “comunicaciones privadas, amenazas de invalidación de documentos de identificación”.
Sobre el círculo familiar más cercano de Humberto Prado, el órgano internacional de Justicia ha dicho que la esposa de Prado ha sido sometida a una vigilancia por parte de funcionarios policiales y de inteligencia del gobierno de Maduro.
