El martes 23 de septiembre, en la plenaria del Consejo General de Derechos Humanos de la ONU, los integrantes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela presentaron su sexto informe consecutivo que reflejó las investigaciones en materia de delitos de lesa humanidad en el país en el periodo entre septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025.
La presidenta de la Misión, Martha Valiñas, fue la encargada de leer un resumen del informe ante los delegados de los países, incluido el representante de Venezuela, quien al término de la reseña inmediata desacreditó los elementos expuestos por la Misión.
La delegación internacional, que nunca ha podido visitar suelo venezolano desde su conformación en 2019 por negativas del Ejecutivo nacional, advirtió en el documento que la única esperanza de que “las víctimas encuentren justicia recae en la comunidad internacional”.
Esta afirmación de la Misión obedece a que los investigadores consideran, a la par de lo que aseguran activistas de derechos humanos en Venezuela, que las autoridades del Estado no ofrecen elementos convincentes que, por un lado, demuestren que se sanciona a los responsables de estos delitos, y por el otro que se cumpla con el debido proceso cuando se actúa por las fuerzas de seguridad en situaciones de agitación y conflicto social.
Según expertos en derechos humanos, “en Venezuela no hay posibilidad de complementariedad en las investigaciones sobre presuntos delitos de lesa humanidad debido a que no existe voluntad de parte del Estado”.
El informe está dividido en los renglones dedicados a documentar la vulneración de derechos humanos en las protestas postelectorales de 2024 como detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas; las condiciones de reclusión de los detenidos en esos contextos en los centros de detención y los constantes tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y trata de adolescentes, un hito sin precedentes en la comisión de delitos que no prescriben en el país.
Detenciones arbitrarias
La reseña comienza citando al informe de la Misión en el 2024, al destacar que las autoridades venezolanas ordenaron la reactivación de la modalidad represiva del Estado en la contención y control de las manifestaciones sociales de ciudadanos en todo el país que rechazaban los resultados electorales de las presidenciales emitidos por el CNE, “que dieron la victoria a Nicolás Maduro sin que se publicaran las actas de votación”.
Y prosigue el párrafo de contexto señalando que “la política estatal para silenciar, desalentar y anular a la oposición se ejecutó sostenidamente combinando diferentes métodos”.
También, “la Misión de Determinación de los Hechos concluyó que, de las 25 muertes en protesta ocurridas entre el 29 y 30 de julio de 2024, los cuerpos de seguridad estuvieron involucrados en al menos 12 de ellas. En las protestas de la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99 Brigada del Ejército dispararon armas de fuego contra manifestantes y seis personas murieron. Una de ellas recibió un disparo de escopeta a menos de 10 metros de distancia”, determinando además que todos estos casos reposan en el manto de la impunidad en los organismos jurisdiccionales.
Según los datos recopilados por la Misión, en este contexto de manifestaciones postelectorales, los cuerpos de seguridad detuvieron a 2220 personas, de las cuales fueron excarceladas progresivamente 2006, “pero, al mismo tiempo, continuaron con la represión y detenciones selectivas. La Misión de Determinación de los Hechos ha documentado al menos 200 nuevas detenciones contra voces críticas del Gobierno, personas opositoras o percibidas como tales”, también en 2025, incluyendo una veintena de periodistas detenidos por causas desconocidas.
Un hallazgo dantesco
Una de las revelaciones más impactantes que arrojaron las investigaciones documentadas de esta instancia internacional de derechos humanos tiene que ver con la aprehensión y posteriores vulneraciones a sus derechos y dignidad humana de “al menos 220 niños y niñas, con edades entre 13 y 17 años, (que) fueron detenidos en el marco de este patrón de represión que siguió a las elecciones del 28 de julio de 2024. Durante su reclusión, y sin tener en cuenta ni su edad ni el interés superior, los niños y niñas fueron sometidos a incomunicación, tratos crueles, inhumanos o degradantes, actos de violencia sexual, y violaciones al debido proceso. Cuatro adolescentes permanecen todavía detenidos en los estados de La Guaira y Lara”.
¿Qué dice el gobierno del informe?
Una vez que Valiñas terminó de leer la síntesis del informe, se le concedió la palabra al delegado del gobierno de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, Alexander Yánez.
El funcionario respondió que su país no ha atacado a nadie, no ha asesinado a niños, mujeres y hombres, “menos con misiles inteligentes, no ha derribado premeditadamente edificios ni bombardeado hospitales, con familias, médicos y personal de la ONU dentro”.
Denunció que este nuevo informe responde a influencias de Estados Unidos y algunos países de Europa contra Venezuela. En ese tenor cuestionó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a su criterio, envía un mensaje contradictorio en este ámbito al negar la crisis de derechos humanos en otras partes del mundo y a su vez centrarse en la nación venezolana.
En ese sentido, Yánez se preguntó sobre el silencio de esta internacional mundial sobre lo que llamó la barbarie que sufren los migrantes venezolanos en varias latitudes, al tiempo que interpeló a la ONU en cuanto a su supuesta inacción en el conflicto entre Israel y Palestina en la franja de Gaza.
En cuanto al informe de la Misión, señaló que en medio del actual contexto de tensión que se vive en Venezuela por la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe y que, según afirmó, busca un cambio de régimen, el documento representa un “novelero desempeño (que lo) inutiliza por completo”.
Aseveró que la delegación “cita fuentes dudosas, utiliza testimonios no verificados o inventados, emplea estadísticas sin rigor metodológico, tiene probada motivación política y no ha pisado, y jamás pisará, territorio venezolano”.
Finalmente, afirmó que el gobierno venezolano practica el respeto y la protección a los derechos humanos según el orden constitucional, pero advirtió que “no nos vamos a prestar para validar semejante parodia”.
Antecedentes de la Misión
En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25, por un período de un año, con el fin de evaluar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. Mediante la resolución 57/36, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato de la Misión por dos años adicionales, hasta septiembre de 2026.
Los miembros de la Misión de Determinación de los Hechos fueron designados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; no son personal de Naciones Unidas y no reciben salario por su labor. Aunque la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU brinda apoyo a la Misión, sus integrantes actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida la propia ONU. Las opiniones expresadas en este documento son exclusivamente de los miembros mandatados.
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