El coordinador de la organización Clima 21, Alejandro Álvarez, habló sobre la condición actual de los ecosistemas marinos, los cuales son afectados por los derrames petroleros, las aguas residuales y los desechos sólidos.
El coordinador expuso, en entrevista con el programa De Primera Mano por Radio Fe y Alegría Noticias, que los ecosistemas marino-costeros del país son sometidos a múltiples presiones de parte de los seres humanos, los cuales aceleran la degradación de las costas marinas que finalmente afectará el bienestar y los derechos humanos de la población.
El principal factor que afecta el ecosistema marino son los derrames petroleros. Sobre esto, Álvarez dijo que el equipo documentó, al menos, 7 vertidos de hidrocarburo por mes en el país. Este número es apenas un estimado que hacen a través de un monitoreo en medios de comunicación.
Además, se registraron en tres zonas costeras del país la presencia de metales pesados y microplásticos en los sedimentos costeros.
Álvarez mencionó que la contaminación por aguas servidas y desechos sólidos ha provocado la presencia de especies invasoras y extracción insostenible de la diversidad biológica (por pesca, cacería o extracción).
Asimismo, dijo que en el informe sobre ecosistemas marinos de Clima 21 se evidencian las principales amenazas por los efectos del cambio climático y los obstáculos en la protección del mar, tales como la ausencia de políticas ambientales con criterios técnicos, la pérdida de profesionales y especialistas con capacidades para realizar labores de gestión ambiental, la pérdida de la capacidad institucional para la gestión de áreas protegidas y el deterioro de las universidades y centros de investigación marina.
«Toda la historia de Venezuela está relacionada con el mar (…) y esto lo estamos olvidando», apuntó. Añadió que estos problemas inciden negativamente en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Por último, Álvarez exhortó al Estado a garantizar los derechos humanos englobadas en el ambiente. Instó a las autoridades de Venezuela a desarrollar una política nacional de conservación y uso sostenible de los ecosistemas costeros, además de promover políticas de participación y educación con respecto a la conservación de mares y costas de Venezuela.
